Esa “señora” Obando mató a mi hija y tiene pagar, asegura padre de magistrada Miriam Barahona
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El abogado José Antonio Barahona, padre de la fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona (QDDG), solicitó que el Ministerio Público emita un requerimiento fiscal contra la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, en el marco de señalamientos relacionados con un proceso judicial que, según su versión, habría contribuido al deterioro de la salud de su hija antes de su fallecimiento a finales de marzo tras una prolongada enfermedad.
Barahona sostiene que la actuación de la exjueza y otros exfuncionarios del sistema judicial estaría vinculadaa la admisión de un requerimiento que considera irregular, lo que —según su denuncia— habría limitado el acceso de la magistrada a tratamientos médicos especializados durante el desarrollo del proceso.
El profesional del derecho ya había presentado solicitudes previas para que se investigue al suspendido fiscal general Johel Zelaya y al exmagistrado del TJE Mario Morazán, a quienes señala como parte de una supuesta coordinación institucional que derivó en la apertura del proceso cuestionado.
En sus declaraciones, Barahona afirmó que los tres señalados habrían actuado de forma conjunta en la presentación y admisión de un requerimiento que, a su juicio, fue ilegal y tuvo consecuencias directas en la salud de su hija.
“La expresidenta de la CSJ sabía que mi hija era una alta funcionaria del Estado y que por eso no podía admitir ningún requerimiento contra ella, mientras no hubiera un juicio político”, expresó el abogado, elevando el tono de sus acusaciones.
El jurista fue más allá al responsabilizar directamente a los señalados por el fallecimiento de la magistrada: “Estas tres personas son las responsables de la muerte de mi hija”, declaró.
Barahona también cuestionó la falta de avances por parte del Ministerio Público, pese a que, según asegura, existen elementos investigativos derivados del proceso de juicio político desarrollado por el Congreso Nacional.
Asimismo, advirtió que, de no existir una respuesta en un plazo de 15 días, procederá a constituirse como acusador privado para dar seguimiento al caso, aunque recalcó que la obligación principal de la acción penal recae sobre la Fiscalía General.
Finalmente, el abogado rechazó que sus acciones tengan un trasfondo de venganza personal y aseguró que su objetivo es estrictamente judicial: “esto no es venganza, es justicia”, concluyó.
