¡La hipocresía! Redondo pide respeto a leyes y derechos siendo acusado por abuso de autoridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –. El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó al Ministerio Público copia del expediente investigativo abierto en su contra y la programación de una audiencia para declarar como investigado, en medio de señalamientos por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos vinculados a decisiones adoptadas durante la operación de la pasada Comisión Permanente del Congreso Nacional.

La petición fue presentada por sus apoderados legales, quienes se apersonaron ante el ente acusador para exigir acceso al expediente identificado con el número 1771343101-2026, donde Redondo figura como uno de los principales señalados dentro de una investigación que apunta a posibles irregularidades en la toma de decisiones legislativas cuando el Congreso estuvo bajo el control de la Comisión Permanente.

Las acusaciones en investigación giran en torno a actuaciones de la Comisión Permanente, órgano que asumió funciones legislativas en un contexto de alta controversia política, y cuyas resoluciones han sido cuestionadas por presuntamente haberse emitido sin cumplir los procedimientos ordinarios establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entre los señalamientos más graves figura el supuesto abuso de autoridad, relacionado con decisiones que habrían excedido las facultades del órgano y que, según denuncias, pudieron afectar la legalidad del proceso legislativo.

También se investiga la posible violación de los deberes de los funcionarios, al haberse aprobado resoluciones y actuaciones administrativas sin el respaldo pleno del Congreso en sesión ordinaria, lo que ha sido interpretado por sectores críticos como una concentración irregular de poder dentro de la estructura legislativa.

La defensa de Redondo insiste en que no puede ejercer una defensa adecuada sin tener acceso completo a la carpeta investigativa, alegando que el debido proceso exige conocer de forma previa los hechos imputados y las pruebas recabadas por el Ministerio Público. Sin embargo, el caso se desarrolla en medio de un ambiente de tensión política, donde las actuaciones de la Comisión Permanente han sido duramente cuestionadas por distintos sectores que sostienen que se habrían tomado decisiones de alto impacto institucional sin la deliberación del pleno del Congreso.

Como antecedente, el Ministerio Público ya había anunciado el 18 de mayo la citación de diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente del periodo anterior, en el marco de una investigación más amplia sobre su funcionamiento y las decisiones adoptadas durante su vigencia. Posteriormente, se confirmó que varios legisladores serían llamados a declarar, incluyendo al propio Redondo.

A pesar de ello, la defensa asegura que hasta el momento no ha recibido una citación formal, mientras el expediente continúa bajo análisis fiscal.

El escrito presentado el 25 de mayo de 2026 también solicita que se programe la audiencia de declaración del excongresista y que se garantice el respeto a sus derechos constitucionales. El Ministerio Público aún no ha respondido oficialmente sobre la entrega del expediente ni sobre la fecha de eventual comparecencia.

El caso mantiene en el centro del debate el rol de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, sus límites legales y las posibles responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones, en una investigación que continúa generando fuertes repercusiones políticas e institucionales en el país.

No obstante, la defensa asegura que hasta la fecha de presentación del escrito no había recibido ninguna citación formal por parte del Ministerio Público.

Además de pedir acceso al expediente, los representantes legales solicitaron que se programe oficialmente la comparecencia de Redondo en condición de investigado y que durante todo el proceso se respeten plenamente sus derechos constitucionales, especialmente el derecho de defensa y el debido proceso.

El documento fue recibido por el Ministerio Público el pasado 25 de mayo de 2026, quedando ahora pendiente la respuesta de las autoridades sobre la entrega de la documentación requerida y la eventual fecha de declaración del expresidente del Legislativo.