¡Este si andaba bravo con las “mordidas”! L.400 mil por un trance en la Corte
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró este jueves una sentencia condenatoria contra James Maviael Posas Ramírez, exreceptor del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, quien fue hallado culpable de utilizar su cargo para exigir dinero a cambio de brindar información privilegiada sobre procesos judiciales.
El exfuncionario recibió una condena de tres años y nueve meses de prisión por el delito de concusión en perjuicio de la administración pública, según confirmó el Ministerio Público.
Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso sanciones accesorias que incluyen inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la condena.
La resolución judicial también establece que Posas Ramírez no podrá ejercer cargos públicos por un período equivalente al doble de la pena principal, además del pago de una multa de mil 500 lempiras.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el ahora condenado aprovechó su posición dentro del sistema judicial para obtener beneficios económicos de manera ilegal mediante el acceso a información confidencial relacionada con expedientes penales.
Las pesquisas iniciaron tras una denuncia ciudadana que alertó sobre supuestas irregularidades cometidas por el entonces empleado judicial.
Según el expediente investigativo, Posas Ramírez solicitó 400 mil lempiras a un ciudadano que enfrentaba un proceso judicial, prometiéndole informarle sobre movimientos internos de su expediente y supuestas acciones que podrían favorecer su liberación.
Las autoridades establecieron que ambas partes llegaron inicialmente a un acuerdo para la entrega de 180 mil lempiras, mientras el resto del dinero sería cancelado de forma gradual a cambio de continuar recibiendo información privilegiada.
La captura del exfuncionario fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en abril de 2024, como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público contra actos de corrupción dentro del sistema judicial hondureño.
Desde entonces, los fiscales continuaron recopilando pruebas hasta lograr la sentencia condenatoria emitida esta semana, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los actos de corrupción dentro de instituciones públicas del país.
