Sin trabajo agentes de la DIPAMPCO o demandan al Estado o se hacen criminales, advierte DD.HH.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El defensor de derechos humanos Andrés Pavón advirtió que la reciente disolución de la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) podría provocar tanto una ola de demandas contra el Estado como el riesgo de que exagentes policiales sean reclutados por estructuras del crimen organizado, en el marco de la decisión gubernamental de reorganizar el sistema de seguridad nacional y crear una nueva agencia interinstitucional.
Pavón explicó que, tras el cierre de la unidad especializada, varios de sus exmiembros podrían emprender acciones legales contra el Estado, al considerar que la medida afecta su situación laboral y profesional dentro de la estructura policial.
Sin embargo, el mayor riesgo señalado por el defensor de derechos humanos es la posible incorporación de personal con formación policial a organizaciones criminales, lo que —según advirtió— representaría una amenaza directa para la seguridad del país.
El exembajador de Honduras en Cuba recordó además antecedentes en el país, señalando que tras procesos de depuración policial en el pasado, algunos agentes separados de sus cargos habrían terminado vinculados a estructuras delictivas.
En ese sentido, alertó que un escenario similar podría repetirse tras la eliminación de la Dipampco, generando un impacto negativo en la lucha contra el crimen organizado.
La disolución de esta unidad fue ordenada por el presidente Nasry Asfura durante la última sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), como parte de una reestructuración del sistema de seguridad del país.
Como parte de esta nueva estrategia, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una entidad interinstitucional que tendrá como objetivo unificar labores de inteligencia, investigación y operaciones de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Mientras tanto, el debate sobre los efectos de esta decisión continúa generando preocupación entre sectores vinculados a la seguridad, que observan con cautela los posibles impactos de la reestructuración en la lucha contra el crimen organizado en Honduras.
