No alcanzó el botín robado para comprar su libertad: Culpables policías por múltiples delitos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La justicia hondureña declaró este lunes culpables a los 11 exintegrantes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acusados de participar en un operativo irregular en el que presuntamente implantaron evidencias, allanaron ilegalmente una vivienda, torturaron y despojaron de sus bienes a dos ciudadanos de origen filipino en Villanueva, Cortés, hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2023, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas.
El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que encontró responsabilidad penal en Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los ahora condenados habrían ingresado sin orden judicial a una vivienda ubicada en la colonia Real del Puente, donde cometieron diversas violaciones a los derechos fundamentales de una de las víctimas, un ciudadano filipino.
Las pesquisas establecieron que los exagentes participaron en una operación irregular durante la cual la víctima fue sometida a actos de tortura, privada ilegalmente de su libertad y posteriormente despojada de sus pertenencias mediante el uso de violencia e intimidación.
Por estos hechos, el tribunal los declaró culpables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y tortura.
Las autoridades judiciales aclararon que no todos los acusados fueron condenados por los mismos delitos, por lo que las audiencias de individualización de la pena y lectura de sentencia se desarrollarán en fechas distintas para cada uno de los involucrados.
El caso generó gran atención pública debido a que involucra a una unidad policial especializada que durante años estuvo encargada de combatir estructuras criminales vinculadas a maras, pandillas y crimen organizado.
La gravedad de las acusaciones y las conclusiones alcanzadas durante el juicio se suman a una serie de cuestionamientos que en los últimos años rodearon el funcionamiento de la Dipampco, institución que finalmente fue desarticulada por decisión del Gobierno.
Precisamente, el presidente Nasry Asfura ordenó recientemente la cancelación de la Dipampco durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), como parte de una reestructuración de las estrategias de seguridad del país.
En sustitución de esa dependencia, el Gobierno instruyó la creación de una nueva división especializada contra la extorsión, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de fortalecer las labores investigativas y combatir las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.
Con esta resolución judicial, el caso avanza hacia su etapa final, donde se determinarán las penas que deberán cumplir los exagentes condenados por uno de los procesos más delicados que han involucrado a miembros de cuerpos de seguridad del Estado en los últimos años.
