La Barbie Fiscal tenía cómplices en el BCH y ya les cayó el MP
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras (BCH) por el delito de malversación imprudente, al considerar que habrían incumplido procedimientos internos que facilitaron la sustracción de 88.6 millones de lempiras de la institución financiera. La acción penal fue admitida recientemente por un juzgado con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, como parte de las investigaciones derivadas del caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, declarada culpable por el millonario saqueo ocurrido en la bóveda del banco estatal.
NUEVA LÍNEA INVESTIGATIVA SACUDE AL BANCO CENTRAL
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que esta nueva fase de la investigación surge directamente de las pesquisas desarrolladas durante el proceso judicial contra la exfiscal Francia Sofía Medina, quien fue encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras de la bóveda del BCH.
“Esta es una línea de investigación que parte del caso que se seguía contra la exfiscal Francia Sofía Medina, que como todos sabemos fue acusada y encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central”, declaró Mora al noticiero TN5.
Según las investigaciones, los ahora imputados habrían incumplido protocolos administrativos relacionados con el manejo, devolución y entrega de evidencias, una situación que, de acuerdo con la Fiscalía, permitió que se concretara el millonario ilícito.
CAPTURAS Y BÚSQUEDA DE MÁS IMPLICADOS
El Ministerio Público detalló que cuatro de los acusados fueron capturados en San Pedro Sula, mientras que otro fue detenido en Choluteca y trasladado hacia la zona norte para responder ante la justicia.
Asimismo, tres funcionarios que actualmente laboran en el Banco Central mantenían conversaciones con la Fiscalía para una posible presentación voluntaria.
“Hay dos personas más que están pendientes de ubicación y una tercera que está fuera del país”, precisó Yuri Mora.
Todos los señalados forman parte del mismo requerimiento fiscal por el delito de malversación imprudente.
¿Quiénes son los acusados?
Entre los funcionarios y exfuncionarios incluidos en el requerimiento fiscal figuran:
- Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula.
- Virgilio Antonio Villalobo, exjefe de la División de Operaciones.
- Aracely O’Hara Guillén, exgerente del BCH.
- Carlos Fernando Ávila, gerente activo del BCH.
- Horacio Armando Laínez Pineda, exsubgerente de Operaciones.
- Alex Geovani Caballero.
- Luis Arturo Avilés Moncada.
- Edgardo Antonio Álvarez.
- Williams Edgardo Arévalo.
- Marco Tulio Nájera.
DEFENSA PIDE RESPETO AL DEBIDO PROCESO
La abogada Ela Cueva, representante legal de varios de los imputados, aseguró que su prioridad será garantizar el respeto a los derechos de sus defendidos durante el desarrollo del proceso judicial.
“Mi finalidad absoluta en este momento es garantizar los derechos de mis representados. Sabemos que es un proceso que inicia y tendrán que ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional para conocer los hechos por los cuales se les acusa”, manifestó.
La profesional del derecho recordó que hasta ahora únicamente se han ejecutado las órdenes de captura y que será durante las audiencias cuando la Fiscalía presente formalmente los detalles de la acusación.
Además, enfatizó que todos los señalados gozan del principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA
La nueva acusación demuestra que las investigaciones por el millonario desfalco al Banco Central de Honduras continúan avanzando y que la responsabilidad penal podría extenderse más allá de quien ejecutó directamente la sustracción de los fondos.
La Fiscalía sostiene que también deben responder quienes, por acción u omisión, habrían incumplido los controles y mecanismos de seguridad destinados a proteger los recursos públicos.
Las audiencias iniciales de los imputados están previstas para los próximos días en los tribunales con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, donde el Ministerio Público presentará los elementos de prueba recopilados durante esta nueva etapa de la investigación.
