¡L.70 mil por aparecer en televisión venezolana! Si les vieron cara de pen***os a Libre
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El integrante de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, reveló este martes una serie de hallazgos que apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, contratos de publicidad estatal, compras de equipo médico sin uso y proyectos de infraestructura inconclusos, durante la revisión de la desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica, por lo que los casos serán remitidos a los entes de control e investigación del Estado.
Núñez aseguró que dentro de la documentación revisada figura un contrato de servicios publicitarios entre la Secretaría de Planificación y la cadena estatal venezolana TeleSUR, un acuerdo que, según cuestionó, plantea dudas sobre la contratación de una empresa pública extranjera para prestar servicios en Honduras, situación que calificó como inusual dentro de la administración pública.
El comisionado también señaló que se detectaron pagos elevados en publicidad y transmisiones oficiales, con costos que en algunos casos habrían alcanzado hasta 70 mil lempiras por minuto de transmisión, así como contratos por millones de lempiras en pauta publicitaria que ahora deberán ser auditados.
Asimismo, denunció la ausencia de auditorías internas en varias dependencias, lo que, según dijo, habría facilitado debilidades en el control del gasto público durante la gestión de estos recursos estatales.
Entre otros hallazgos, Núñez mencionó la compra de equipo médico actualmente sin uso, además de retrasos significativos en proyectos de infraestructura, entre ellos la construcción del Hospital de Santa Rosa de Copán, cuya obra, según explicó, debía entregarse el 10 de enero de 2026, pero actualmente solo registra un avance del 27 % en obra gris.
El integrante de la comisión reiteró que será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el encargado de determinar si existieron irregularidades administrativas, malversación de fondos o posibles enriquecimientos ilícitos, mientras que las investigaciones deberán ser profundizadas por las instituciones competentes.
Finalmente, Núñez insistió en que todos los hallazgos deben ser evaluados de forma técnica y legal para establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas del manejo de los recursos públicos.
