Matan, roban, torturan y extorsionan, pero según DD. HH son buena gente
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Cerca de un 10 % de la población penitenciaria del Centro Penal de Siria podría acceder a beneficios legales que permitan su liberación o reduzcan el tiempo de permanencia en prisión, como resultado de las revisiones que realiza la Mesa Técnica de Descongestionamiento, integrada por jueces, defensores públicos, organismos internacionales, defensores de derechos humanos y personal penitenciario, con el objetivo de verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley y garantizar el respeto a los derechos de los privados de libertad.
La información fue confirmada por la directora nacional de la Defensa Pública, Fanny Salinas, quien explicó que el equipo técnico revisa individualmente la situación jurídica de cada persona privada de libertad para identificar posibles casos que puedan acogerse a mecanismos contemplados en la legislación vigente.
Según detalló, las evaluaciones incluyen procesos relacionados con libertad condicional, preliberación, revisión de medidas de prisión preventiva y otros beneficios legales aplicables a quienes ya cumplieron parte de sus condenas o reúnen los requisitos exigidos por la normativa.
“Esperamos tener por lo menos, normalmente en cada uno de los centros penales, aproximadamente entre un 5 al 10 por ciento de la población completa”, manifestó Salinas al referirse a las proyecciones derivadas de este proceso de revisión.
La funcionaria reveló además que durante las inspecciones se han detectado casos de privados de libertad que ya superaron el tiempo requerido para optar a determinados beneficios penitenciarios e incluso algunos que están próximos a completar la totalidad de sus condenas.
Ante estas situaciones, aseguró que los jueces de ejecución y los defensores públicos intervienen de manera inmediata para agilizar los trámites correspondientes y evitar que las personas permanezcan privadas de libertad más tiempo del establecido por la ley.
La Mesa Técnica de Descongestionamiento busca además contribuir a la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país, mediante la aplicación de mecanismos legales que permitan resolver de forma más eficiente los casos de personas que ya cumplen con los criterios para acceder a medidas alternativas.
Las autoridades reiteraron que cada expediente es analizado de manera individual y que las decisiones finales se adoptan conforme a las disposiciones legales vigentes y a las resoluciones emitidas por los órganos judiciales competentes.
