No importa si te crees perro, carro o extraterrestre ley es ley
TEGUICIGALPA, HONDURAS. – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitó públicamente al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, que el Pleno de Magistrados revise un memorándum sobre identidad de género autopercibida dentro del sistema judicial hondureño, durante la entrega del anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, en medio de cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos.
Zambrano afirmó que varios diputados y grupos ciudadanos han expresado preocupación por la disposición emitida por el Poder Judicial, la cual instruye a jueces a registrar la identidad de género autopercibida de las personas en procesos judiciales, especialmente en materia penal, además de considerar el nombre elegido por los usuarios del sistema.
El legislador pidió que el tema sea revisado o incluso revertido dentro de las facultades de la CSJ, asegurando que la medida ha generado reacciones en iglesias, organizaciones provida y sectores familiares, aunque insistió en que su petición se enmarca en el respeto institucional entre poderes del Estado.
La Corte Suprema de Justicia sostiene que el memorándum forma parte de la política de Justicia Abierta, orientada a la inclusión y la no discriminación en el acceso a la justicia, lo que ha abierto un fuerte debate público sobre sus alcances y efectos en la aplicación de la ley.
Este tipo de políticas de identidad de género en sistemas judiciales ya han generado debates en otros países:
- En España, reformas legales sobre autodeterminación de género han sido cuestionadas por expertos por posibles vacíos en controles administrativos y efectos en registros oficiales.
- En el Reino Unido, la interpretación del reconocimiento legal de género ha generado controversias en el ámbito penitenciario, especialmente sobre la asignación de personas condenadas a centros según identidad autopercibida.
- En algunos sistemas europeos, se han discutido casos donde el cambio de identidad registral ha sido señalado por críticos como potencial vía de abuso en beneficios legales, aunque no existe consenso judicial unificado sobre estos escenarios.
Estos antecedentes suelen ser citados en debates similares sobre cómo equilibrar derechos de identidad, seguridad jurídica y administración penitenciaria, sin que exista un modelo único aplicado globalmente.
