¡Lavado de activos, narcotráfico, asesinato! A este chepo no le faltó nada en la lista
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, acusado del delito de lavado de activos, luego de que investigaciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) determinaran que no pudo justificar el origen lícito de más de 5.4 millones de lempiras, recursos que presuntamente estarían relacionados con actividades del crimen organizado, por lo que las autoridades buscan que responda ante la justicia hondureña.
De acuerdo con el comunicado oficial, las pesquisas desarrolladas por fiscales y equipos técnicos especializados concluyeron que Mejía Vargas no logró acreditar la procedencia legal de 5 millones 492 mil 836 lempiras, monto que figura como parte de una investigación patrimonial impulsada por el ente acusador del Estado.
El Ministerio Público señaló que el exoficial actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde fue procesado y declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Según las autoridades, durante los procesos judiciales desarrollados en ese país quedó evidenciada su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Mejía Vargas también ha sido señalado por las autoridades hondureñas como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal Orlan Chávez, conocido como el «Fiscal de Oro», motivo por el cual existe una orden de captura vigente en su contra en territorio nacional.
Asimismo, el exoficial adquirió notoriedad pública al convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía de Nueva York durante los juicios contra el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, ambos condenados por delitos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y armas.
Las autoridades hondureñas sostienen que este nuevo requerimiento fiscal forma parte de una estrategia orientada a combatir las finanzas de las estructuras criminales y garantizar que los bienes y recursos de origen ilícito sean identificados, investigados y perseguidos conforme a la ley.
El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando acciones contra organizaciones delictivas y personas vinculadas a actividades criminales, especialmente en casos donde existan indicios de enriquecimiento injustificado o lavado de activos.
