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MP huele pisto turbio y se lanza contra los bienes de una familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Ministerio Público ejecutó este lunes el aseguramiento de 104 bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, como parte de una investigación contra un hondureño con alerta roja internacional y varios miembros de su núcleo familiar. Las acciones se desarrollan debido a que las autoridades detectaron movimientos financieros superiores a los 1,600 millones de lempiras, de los cuales más de 418 millones no tendrían una justificación legal conocida.

Los operativos son dirigidos por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en el marco de una investigación patrimonial y financiera que busca determinar el origen de los recursos bajo sospecha.

Entre los bienes asegurados figuran 40 vehículos, 38 productos financieros, 19 bienes inmuebles y siete empresas mercantiles, los cuales estarían relacionados con el principal investigado y su círculo familiar.

De acuerdo con la información oficial, el señalado fue objeto de un requerimiento fiscal en mayo de 2025 y actualmente cuenta con una alerta roja internacional, mientras continúan las diligencias para ubicarlo y someterlo a la justicia.

Las investigaciones también establecen presuntos nexos comerciales y financieros entre el principal acusado y Orlando Pinto Espino, considerado por las autoridades como uno de los líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”.

Un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reveló que el investigado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional.

Sin embargo, los análisis efectuados por los organismos de investigación detectaron un vacío de justificación superior a los 418 millones de lempiras, fondos cuyo origen no ha podido ser acreditado mediante documentación legal o actividades económicas conocidas.

Según las pericias financieras realizadas por el Ministerio Público, existe la presunción de que parte de esos recursos podrían provenir de actividades ilícitas, motivo por el cual se ejecutó el aseguramiento de los bienes mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la estrategia para combatir el lavado de activos, desarticular estructuras financieras vinculadas al crimen organizado y recuperar bienes obtenidos presuntamente de manera ilegal.

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