¡Un censo!… con eso no se paran las balas: Wilmer Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El dirigente del transporte Wilmer Cálix confirmó que el Gobierno iniciará este miércoles un censo en el sector para identificar posibles vínculos con estructuras criminales, pero cuestionó si esta medida será suficiente para detener la extorsión que golpea al rubro, un delito que, según estimaciones del sector, representa pagos ilegales de entre 40 y 45 millones de lempiras a nivel nacional.

Aunque Cálix considera que el censo puede ser un primer paso para conocer la realidad del transporte, lanzó una interrogante que pone en duda el alcance de la estrategia gubernamental: “¿Con este censo se podrá frenar la extorsión en el transporte?”

El dirigente fue claro al señalar que la identificación de posibles infiltraciones criminales no resolverá por sí sola un problema que durante años ha afectado a conductores, empresarios y trabajadores del sector.

“Se necesitará algo más, pero hay que empezar por algo”, manifestó Cálix, al insistir en que el combate contra este delito requiere acciones más profundas que un registro de personas vinculadas al transporte.

Cálix sostuvo que para reducir la extorsión las autoridades deben ir más allá de los operativos tradicionales y utilizar labores de inteligencia criminal que permitan llegar hasta las estructuras que ordenan y coordinan los cobros ilegales.

A criterio del dirigente, el verdadero desafío no está únicamente en determinar quiénes participan dentro del transporte, sino en desarticular las redes criminales que operan detrás de las amenazas y exigencias de dinero.

El sector estima que las extorsiones representan entre 40 y 45 millones de lempiras, recursos que salen del bolsillo de transportistas de taxis, transporte urbano, interurbano, mototaxis y carga.

El dirigente también alertó que la extorsión continúa transformándose y expandiéndose hacia lugares donde anteriormente no tenía una presencia marcada.

Como ejemplo mencionó el caso de Santa Bárbara, municipio donde pidió una atención especial para evitar que las estructuras criminales consoliden operaciones.

“Las autoridades deben ponerle atención a Santa Bárbara e implementar estrategias para impedir que la extorsión crezca”, señaló.

Cálix insistió en que el Gobierno debe completar el proceso de censo y utilizar la información obtenida para tomar decisiones concretas.

Sin embargo, dejó sobre la mesa la principal duda: si después del registro no existen investigaciones, capturas de líderes criminales y estrategias permanentes de seguridad, la extorsión podría continuar afectando al transporte.

El dirigente considera que el país necesita una ofensiva contra las estructuras que controlan este delito y no únicamente medidas de diagnóstico.

Mientras las autoridades preparan el inicio del censo, el sector transporte espera que la iniciativa no sea solo un listado de nombres, sino una herramienta que permita atacar la raíz de una problemática que sigue cobrando dinero, tranquilidad e incluso vidas.