Rixi espanta con el relato de la privatización pero los datos le cierran el hocico

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La exprecandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, lanzó una dura advertencia contra la propuesta de reforma al subsector eléctrico impulsada por el Gobierno, al asegurar que la iniciativa representa un intento de “entregar y privatizar” la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); sin embargo, sus señalamientos chocan con una realidad incómoda: durante la administración de su partido, la estatal no logró superar sus principales problemas estructurales como las pérdidas millonarias, el déficit financiero y las fallas del sistema de distribución.

Bajo el lema “Salvemos ENEE, reforma y contrarreforma”, Moncada defendió la visión de Libre de que la energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y un derecho humano, rechazando cualquier participación privada que, según ella, pueda convertir el servicio en un negocio y afectar a millones de usuarios.

La dirigente política afirmó que la propuesta pretende quitarle al Estado el control del subsector eléctrico y advirtió que la creación de nuevas estructuras regulatorias abriría la puerta para que intereses privados tengan influencia sobre un mercado que mueve miles de millones de lempiras.

“Se trata de una ley que ordena un cambio estructural”, sostuvo Moncada al cuestionar que la reforma modificaría el papel de instituciones como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y el Centro Nacional de Despacho, organismos que considera estratégicos para la soberanía energética del país.

Además, la dirigente de Libre alertó que la iniciativa podría provocar un aumento en las tarifas y cargar sobre los consumidores los costos de una transformación que, a su criterio, favorecería a sectores privados.

Pero el discurso de defensa de la estatal eléctrica abre otra interrogante: ¿qué ocurrió con la ENEE durante los cuatro años de administración de Libre?

Cuando el partido llegó al poder en 2022, heredó una empresa debilitada por décadas de problemas administrativos, contratos cuestionados y pérdidas técnicas y no técnicas. Libre prometió rescatarla, reducir las pérdidas y recuperar su capacidad operativa.

Uno de los principales instrumentos del gobierno fue el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), presentado como una estrategia para recuperar ingresos, combatir el robo de energía y mejorar la distribución. No obstante, los resultados fueron cuestionados porque las pérdidas continuaron en niveles elevados. Informes del sector señalan que las pérdidas eléctricas permanecieron por encima del 34 %, aunque con una reducción respecto a años anteriores, lejos todavía de estándares internacionales de eficiencia.

Organizaciones de sociedad civil también cuestionaron que, pese a los recursos destinados a programas de recuperación, la ENEE continuó enfrentando dificultades financieras y operativas. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que las pérdidas representaban uno de los mayores problemas económicos del sistema eléctrico hondureño.

Desde Libre, la defensa de la gestión apunta a que la administración logró renegociar compromisos con generadores privados y avanzar en proyectos de recuperación institucional. El exgerente de la ENEE, Erick Tejada, sostuvo que hubo reducción de pérdidas y mejoras financieras durante el gobierno de Xiomara Castro; sin embargo, análisis de verificación señalaron que algunas cifras difundidas sobre esos avances requerían contexto y no reflejaban completamente la situación de la empresa.

El debate actual enfrenta dos narrativas opuestas. Para Rixi Moncada y Libre, la reforma representa un riesgo de perder el control público de un servicio estratégico. Para los promotores de los cambios, la discusión no busca privatizar la ENEE, sino reorganizar una empresa que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos. El Gobierno ha asegurado que la estatal seguirá siendo propiedad del Estado y que la reforma busca modernizar su funcionamiento.

La contradicción central del debate es que Libre defiende hoy la permanencia de una ENEE pública, pero durante su administración no logró transformar completamente una empresa que continúa siendo una de las mayores cargas económicas del Estado.

Mientras el discurso político se concentra en quién controlará la energía, los usuarios siguen enfrentando la pregunta más urgente: ¿quién logrará finalmente convertir a la ENEE en una empresa eficiente, sostenible y capaz de brindar un servicio confiable?