Les dijeron que se fueran por las buenas y ahora toca desalojarlos por las malas
CHOLOMA, CORTÉS. – La Policía Nacional anunció que ejecutará una orden judicial de desalojo este jueves en el sector de Pueblo Nuevo, municipio de Choloma, Cortés, donde más de 515 manzanas de tierra permanecen ocupadas, mediante un operativo con unos 250 agentes, observadores de Derechos Humanos y personal médico para garantizar que el procedimiento se realice conforme a la ley.
El ambiente se mantiene en alerta en el sector de Pueblo Nuevo, donde las autoridades se preparan para intervenir los terrenos ocupados tras una resolución emitida por un juez competente.
El comisionado de Policía César Ruiz explicó que la operación iniciará con la lectura oficial de la orden judicial de desalojo y posteriormente se solicitará a los ocupantes abandonar voluntariamente las propiedades.
“Vamos a realizar la lectura de la orden judicial y luego se solicitará a las personas que inicien el desalojo”, indicó el oficial, quien detalló que se han establecido medidas de acompañamiento para evitar incidentes durante la diligencia.
Para esta intervención, la Policía Nacional desplegará aproximadamente 250 funcionarios policiales, además de contar con la presencia de representantes de organismos de Derechos Humanos como observadores y equipos de salud institucionales para atender cualquier eventualidad.
Según las autoridades, los ocupantes ya habían sido notificados previamente sobre la resolución judicial, por lo que conocían la fecha establecida para el cumplimiento del desalojo.
Ruiz señaló que la acción responde al cumplimiento de la legislación hondureña que establece restricciones contra las invasiones de propiedad, especialmente cuando estas afectan la actividad productiva y la seguridad jurídica del país.
“Partimos del principio de la ley que prohíbe las invasiones de propiedades cuando generan detrimento al sector productivo y a la seguridad jurídica nacional y extranjera”, manifestó el comisionado.
El operativo forma parte de las acciones de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y proteger el derecho a la propiedad privada.
Mientras tanto, la presencia policial en la zona busca mantener el orden durante el procedimiento y prevenir posibles enfrentamientos entre los ocupantes y los cuerpos de seguridad desplegados.
