Miles de hondureños salen corriendo de sus casas por culpa de la violencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó este viernes que durante 2025 recibió 676 quejas por desplazamiento forzado interno y riesgo de desplazamiento, una situación que afectó a 1,406 personas en Honduras, debido principalmente a amenazas, violencia, extorsión y otros delitos, según un informe elaborado con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
El documento, titulado «Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025», revela que el 70 % de las denuncias corresponde a personas que se encontraban en riesgo de abandonar sus hogares, mientras que el 30 % ya había sido obligado a desplazarse como consecuencia de la violencia.
Aunque el número de quejas disminuyó un 40.8 % en comparación con 2024, el Conadeh advirtió que esta reducción no significa una mejora en la seguridad del país, sino que responde al temor de las víctimas a denunciar, la desconfianza en las instituciones, la movilidad constante de las personas afectadas y las limitaciones para acceder a mecanismos de protección, factores que favorecen el subregistro.
El informe también señala que entre 2016 y 2025 la institución atendió 10,077 quejas, las cuales involucraron a 24,864 personas afectadas por el desplazamiento forzado interno.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que el desplazamiento forzado continúa siendo una de las crisis humanitarias más complejas del país.
Según detalló, cuatro de cada diez casos tienen como origen amenazas directas, las cuales posteriormente derivan en delitos como extorsión, secuestro, despojo de propiedades y violencia de género.
Reyes recordó que, aunque desde 2023 Honduras cuenta con una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, la falta de un reglamento y de recursos económicos suficientes limita la capacidad del Estado para brindar una respuesta efectiva.
Ante esta situación, hizo un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos, así como a las instituciones de Seguridad y Educación, para fortalecer la atención a las víctimas mediante asistencia humanitaria, alimentación, traslados y procesos de reubicación segura.
El informe establece que la tentativa de homicidio representa el segundo principal detonante del desplazamiento, con un 10 % de los casos, seguida por la violencia doméstica y los homicidios, ambos con un 9 %, mientras que la extorsión representa el 6 %.
Respecto a los responsables, el 50 % de las víctimas identificó a un conocido como agresor, el 19 % dijo desconocer quién los amenazó, el 11 % responsabilizó a maras y pandillas, y el 9 % señaló a integrantes de las fuerzas del orden.
El estudio también evidencia que ocho de cada diez casos afectaron a familias completas. Las mujeres representaron el 51 % de las personas desplazadas, mientras que los hombres el 49 %.
Además, 245 niñas, niños y adolescentes resultaron afectados, de los cuales el 67 % tenía entre 0 y 12 años, convirtiéndose en el grupo más vulnerable frente a la violencia y al riesgo de reclutamiento forzado.
Asimismo, el Conadeh registró 19 denuncias de personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrohondureños, así como 15 casos de personas LGBTIQ+, sectores que enfrentan riesgos adicionales debido a la discriminación y los conflictos territoriales.







