Educación lleva rato j*diendolos y ya se encachimbaron
TEGUCIGALPA, HONDURAS. Padres de familia, estudiantes y docentes mantuvieron este martes, por segundo día consecutivo, las protestas y tomas de centros educativos en el Distrito Central para exigir la reincorporación del personal de aseo y vigilancia despedido por la Secretaría de Educación como parte de un proceso de reordenamiento del personal de Servicio Civil. Las manifestaciones han provocado suspensión de clases y bloqueos en algunos sectores, mientras las autoridades aseguran que trabajan para solucionar la situación y llaman a evitar acciones que afecten el calendario académico.
Uno de los centros donde continuaron las manifestaciones fue el Instituto Jesús Aguilar Paz, donde los protestantes denunciaron que, además del despido del personal de apoyo, existe un déficit de docentes que afecta el desarrollo normal de las actividades educativas y el aprendizaje de los estudiantes.
Las protestas también alcanzaron la Escuela Santos Guardiola, ubicada en el sector de Villa Adela, en Comayagüela. Padres de familia expresaron su preocupación por la salida del vigilante y de la aseadora, al considerar que la medida compromete la seguridad del centro educativo y las condiciones de higiene en las aulas.
Según explicaron, la ausencia de un vigilante dificulta el control del ingreso y salida de los estudiantes, mientras que la falta de personal de limpieza repercute directamente en el mantenimiento de las instalaciones.
Las manifestaciones comenzaron el lunes en al menos tres centros educativos: el Instituto Gubernamental Superación San Francisco, la Escuela Modesto Rodas Alvarado y el Instituto Técnico Río Abajo, donde incluso se registraron suspensiones de clases y bloqueos de la carretera que conduce hacia Olancho.
En la Escuela Modesto Rodas Alvarado, padres de familia protestaron por el despido de un conserje con varios años de servicio, mientras que en el Instituto Técnico Río Abajo la inconformidad surgió tras la separación de cuatro empleados.
De acuerdo con información manejada a nivel nacional, alrededor de 2,000 trabajadores de la Secretaría de Educación contratados bajo el régimen de Servicio Civil habrían sido despedidos como parte del proceso de reorganización institucional.
La directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Italia Cruz, confirmó que las cesantías obedecen a un reordenamiento del personal y reconoció el impacto que la decisión ha tenido en las comunidades educativas.
La funcionaria indicó que el lunes cuatro centros permanecieron tomados y que tres de ellos retomaron sus actividades, aunque este martes se sumaron otros dos establecimientos.
Asimismo, hizo un llamado a padres, docentes y estudiantes a buscar mecanismos de diálogo en lugar de mantener las tomas.
«Tomarse los centros educativos poco o nada soluciona. Debemos buscar otras alternativas porque quienes terminan perjudicados son los estudiantes», manifestó.
Cruz aseguró que la Secretaría de Educación trabaja para resolver la situación y expresó su confianza en que durante este mes se normalice la contratación de vigilantes, aseadoras y demás personal afectado.
También recordó que del 13 al 17 de julio está programado el receso académico, por lo que advirtió que la pérdida adicional de clases podría afectar el cumplimiento del calendario escolar y el proceso de aprendizaje.
Por su parte, el comisario Sergio Merlo informó que la Policía Nacional solicitó una reunión con la Secretaría de Educación para evitar que las protestas continúen generando mayores afectaciones.
El oficial explicó que en Villa Adela se alcanzó un acuerdo con los manifestantes para liberar la calle, manteniendo únicamente la toma del centro educativo.
Merlo señaló que corresponde a la Secretaría de Educación determinar el origen del conflicto y verificar las causas que han motivado las protestas, descartando que la situación esté relacionada con versiones difundidas semanas atrás sobre supuestos retos en redes sociales.
Finalmente, aseguró que la Policía Escolar mantiene presencia permanente en los centros educativos mediante programas preventivos y de acompañamiento dirigidos a proteger a los estudiantes y evitar que sean captados por estructuras criminales.
