Primero que no hay castigo para el femicidio y ahora es que mucho castigo para el femicidio
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El abogado Fernando González anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de dejar sin efecto las reformas que endurecieron las penas por femicidio, al considerar que las condenas son desproporcionadas y vulneran el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República.
El profesional del derecho informó que la acción legal será presentada una vez que la CSJ retome sus labores tras el receso judicial y buscará impugnar parcialmente los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal, relacionados con el delito de femicidio.
González sostuvo que las actuales sanciones contemplan penas superiores a las de otros delitos contra la vida, lo que, a su juicio, constituye un trato desigual ante la ley.
Según explicó, mientras el homicidio es castigado con penas de 15 a 20 años de prisión, el femicidio establece condenas de 30 a 40 años, que pueden incrementarse hasta 60 años con la aplicación de agravantes.
«No soy misógino, solo quiero que sea un trato justo e igualitario ante la ley», afirmó al explicar que su intención es que la Sala de lo Constitucional revise la constitucionalidad de las reformas.
El abogado argumentó que las modificaciones vulneran derechos como el principio de igualdad, el debido proceso y el principio de legalidad, por lo que solicitará que las penas sean revisadas por el máximo tribunal del país.
Además, señaló que, desde su perspectiva, la legislación establece diferencias entre las sanciones aplicables cuando la víctima es una mujer y cuando la víctima es un hombre, situación que considera contraria al artículo 60 de la Constitución, que establece que todas las personas son iguales ante la ley.
González confirmó que interpondrá el recurso durante la primera semana en que la Corte Suprema de Justicia reanude sus actividades, dejando en manos de la Sala de lo Constitucional la decisión sobre la validez de las reformas.
