Hagan o no hagan algo con la corrupción siempre están j*diendo  

TEGUCIGALPA, honduras. – El Estado de Honduras comparecerá el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representado por la Procuraduría General de la República (PGR), para responder por la aplicación de la figura del juicio político, utilizada para destituir al fiscal general Johel Zelaya y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, debido al presunto incumplimiento de una sentencia internacional emitida en 2023, que ordenó reformar este mecanismo para garantizar la independencia judicial.

La audiencia fue solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos, que sostienen que el Estado hondureño no ha cumplido con las disposiciones emitidas por la CIDH en relación con las garantías del debido proceso y la independencia de los órganos judiciales.

La canciller Mireya Agüero confirmó que la Procuraduría General de la República será la institución encargada de representar al Estado durante la audiencia que se celebrará en Washington.

«Frente a esta solicitud el procurador Dagoberto Aspra y alguien de su equipo de asesores estará compareciendo ante esta sesión», manifestó la funcionaria, al señalar que la convocatoria fue trasladada oficialmente por la Cancillería.

El exdirector del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, advirtió que el incumplimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales podría derivar en una nueva condena contra Honduras por parte del sistema interamericano.

En la misma línea, el abogado Joaquín Mejía, representante de las organizaciones que solicitaron la audiencia, aseguró que los recientes juicios políticos promovidos en el Congreso Nacional evidencian que el Estado no ha corregido las deficiencias señaladas por el tribunal internacional.

«No se respeta el derecho a la defensa, las mínimas garantías que cualquier Estado de derecho debería garantizar, y por tanto (…) hay muchas posibilidades de que resulte otra vez en una condena«, afirmó Mejía.

Por su parte, el analista Kenneth Madrid consideró que las observaciones emitidas por la Corte estaban dirigidas a procedimientos de naturaleza judicial y no necesariamente al mecanismo del juicio político, por lo que estimó que el proceso podría no ir más allá de la audiencia prevista para agosto.

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el delegado adjunto Ricardo López lamentó el bajo nivel de cumplimiento que mantiene Honduras respecto a las sentencias internacionales.

Según explicó, aunque el Estado suele cumplir con actos como la emisión de disculpas públicas y la divulgación de los fallos, las reformas estructurales ordenadas por los organismos internacionales continúan pendientes.

La sentencia emitida en 2023 no solo ordenó modificar la figura del juicio político para fortalecer la independencia judicial, sino que también dispuso que el Estado hondureño indemnice con aproximadamente 53.3 millones de lempiras a cuatro exmagistrados destituidos en 2012, una medida que, según los denunciantes, aún no ha sido cumplida en su totalidad.

La audiencia del 5 de agosto será clave para que la CIDH evalúe el nivel de cumplimiento de Honduras respecto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y Estado de derecho.