Esas instituciones no sirven para nada se tienen que cerrar y eliminar
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Gobierno de Honduras concluirá durante el mes de agosto la liquidación de siete instituciones creadas en la administración anterior, informó este jueves el comisionado de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez. El proceso contempla el cierre total de las operaciones, la cancelación de los compromisos financieros y el pago de las prestaciones laborales, como parte del cronograma oficial que busca completar posteriormente el cierre administrativo a cargo de la Secretaría de Finanzas.
Núñez explicó que las entidades quedarán completamente liquidadas al finalizar agosto, mientras que en septiembre la Secretaría de Finanzas realizará los trámites administrativos finales para dar por concluida oficialmente la existencia de cada institución.
En cuanto a las prestaciones laborales, el funcionario aseguró que el proceso avanza de manera satisfactoria. Detalló que recientemente fueron canceladas las indemnizaciones a más de 26 trabajadores de la institución de Planificación Estratégica, sumándose a los más de 500 exempleados que ya habían recibido el pago correspondiente.
El comisionado indicó que únicamente permanecen pendientes algunos casos específicos, entre ellos el de cuatro trabajadoras que se encontraban en estado de embarazo o gozaban de protección especial por maternidad. Según explicó, estas prestaciones podrían ser canceladas durante la próxima semana.
Asimismo, informó que 29 empleados continúan desempeñando labores relacionadas con el proceso de liquidación y cierre institucional. Una vez concluyan esas funciones, también recibirán el pago de sus prestaciones conforme a lo establecido en la legislación laboral.
Durante el proceso de auditoría de las instituciones en liquidación, Núñez confirmó que se han detectado diversas irregularidades. No obstante, evitó revelar mayores detalles debido a que varios de los hallazgos permanecen bajo investigación por las autoridades competentes.
El proceso de cierre forma parte de la reorganización impulsada por el Gobierno y busca concluir de manera ordenada las operaciones de las instituciones creadas en la administración anterior, garantizando tanto el cumplimiento de las obligaciones laborales como el desarrollo de las investigaciones derivadas de las auditorías.
