La Secretaría de Educación le va meter su trompada a la profe Perla
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Secretaría de Educación se pronunció este viernes sobre el caso de la docente Perla Díaz, acusada de agredir verbal y físicamente a una alumna del Centro de Educación Básica República de Cuba, en el municipio de Morazán, Yoro, y reiteró que rechaza cualquier forma de violencia contra la niñez y adolescencia. La institución anunció que aplicará el procedimiento disciplinario establecido en el Estatuto del Docente Hondureño, al tiempo que recordó que ningún acto de indisciplina estudiantil justifica el maltrato físico o psicológico hacia un menor.
Mediante un comunicado, la dependencia reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los estudiantes y aseguró que promueve una educación basada en el respeto, la dignidad humana y la convivencia pacífica.
«Manifestamos absoluto rechazo a cualquier práctica que constituya abuso, maltrato físico, psicológico o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes«, señaló la Secretaría de Educación.
La institución recordó que el Estatuto del Docente Hondureño establece mecanismos disciplinarios para investigar este tipo de conductas y que también existen procedimientos legales para que los maestros denuncien actos de irrespeto o indisciplina por parte de los estudiantes.
Sin embargo, enfatizó que ninguna conducta inapropiada de un alumno justifica el uso de la violencia, los castigos físicos o acciones que vulneren la integridad física, emocional o psicológica de un menor de edad.
Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el diálogo, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos dentro de los centros educativos, utilizando siempre los canales institucionales y respetando el debido proceso.
El artículo 35 del Estatuto del Docente Hondureño clasifica las faltas disciplinarias en leves, graves y muy graves, aunque no menciona de forma específica las agresiones contra estudiantes.
Las sanciones pueden ir desde una amonestación verbal o escrita, multas equivalentes entre el 5 % y el 10 % del salario, suspensión sin goce de sueldo de hasta 30 días, y en los casos considerados muy graves, suspensión de 31 días hasta un año, traslado a un cargo inferior o incluso la destitución.
La Secretaría de Educación precisó que antes de imponer cualquier medida deberá realizarse una investigación administrativa, valorar objetivamente las pruebas y garantizar a la docente su derecho a presentar una audiencia de descargo.
Además, aclaró que cualquier sanción administrativa será independiente de las posibles responsabilidades penales o civiles, las cuales serán determinadas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial que ya se encuentra en curso.
