Profes salen corriendo de Choloma por amenazas de muerte
CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS. – Cinco docentes de Choloma, Cortés, fueron trasladados a otros centros educativos luego de recibir amenazas de muerte presuntamente relacionadas con llamados de atención y medidas disciplinarias aplicadas a estudiantes, confirmó la Dirección Municipal de Educación. La reubicación fue ejecutada como una medida de protección debido al temor de que las intimidaciones pudieran convertirse en agresiones, mientras autoridades buscan implementar acciones para prevenir la violencia dentro de las comunidades educativas.
La directora municipal de Educación, Antonia Gutiérrez, informó que los casos fueron atendidos mediante el traslado de los maestros afectados, al considerar que la protección de su integridad y seguridad debía ser la prioridad.
Según la funcionaria, algunos docentes denunciaron haber recibido amenazas después de intervenir en situaciones de indisciplina escolar y aplicar medidas correctivas dentro de las aulas. En otros casos, padres de familia habrían llegado hasta los centros educativos para intimidar directamente a los educadores.
“Hemos atendido casos de docentes y los hemos reubicado, porque la seguridad prima ante todo y debemos proteger la vida de los compañeros”, explicó Gutiérrez.
La directora municipal señaló que la situación genera preocupación porque los maestros terminan abandonando sus lugares de trabajo no por razones académicas o administrativas, sino por la necesidad de protegerse ante posibles ataques.
AMENAZAS AFECTAN EL DESARROLLO DE LAS CLASES
La salida de los docentes también tiene consecuencias en el funcionamiento de los centros educativos, ya que obliga a buscar reemplazos y puede alterar la continuidad del proceso de enseñanza para los estudiantes.
Ante el aumento de estas situaciones, autoridades educativas, representantes municipales y organizaciones sociales sostuvieron una reunión para coordinar medidas de prevención y acompañamiento.
En el encuentro participaron instituciones como Ciudad Mujer, organizaciones comunitarias y representantes de la municipalidad, con el objetivo de desarrollar capacitaciones dirigidas a docentes, directores, padres y madres de familia.
La estrategia contempla fortalecer el trabajo dentro de las comunidades, promover la prevención de la violencia y reforzar el papel de las familias en la educación y disciplina de los menores.
“La primera escuela está en la casa”, manifestó Gutiérrez, al hacer un llamado a los padres de familia para involucrarse en la formación de sus hijos y evitar que los conflictos escolares terminen en amenazas contra los maestros.
La situación ocurre pocos días después del caso de la docente Perla Yomaira Díaz Mejía, de 51 años, acusada de agredir a una estudiante de 15 años en el Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en la aldea Unión Lempira, municipio de Morazán, Yoro.
El incidente ocurrió durante una clase de Artística el jueves 9 de julio. Un video difundido del hecho muestra a la docente dirigiéndose de manera ofensiva a la estudiante y posteriormente golpeándola en el rostro. También se señala que habría agredido a otra alumna que grababa el momento.
La maestra fue localizada esa misma noche por agentes de la Policía Comunitaria en la aldea Nueva Esperanza y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
El caso generó rechazo por la agresión contra la estudiante, pero también abrió nuevamente el debate sobre los mecanismos existentes para proteger a los docentes que enfrentan amenazas, hostigamiento o violencia dentro de los centros educativos.
Autoridades educativas y sectores sociales coinciden en que los centros escolares deben convertirse en espacios seguros para todos los integrantes de la comunidad educativa.
Mientras los estudiantes deben contar con protección frente a cualquier forma de maltrato, los docentes también requieren canales de denuncia efectivos, acompañamiento institucional y medidas de seguridad cuando su vida se encuentra en riesgo.
La reubicación de cinco maestros en Choloma evidencia que los conflictos dentro de las escuelas requieren una respuesta conjunta entre Educación, familias, municipalidades y organismos de prevención de violencia.
Los docentes afectados esperan que las autoridades no los dejen solos frente a las amenazas y que ejercer la disciplina dentro del aula no represente un riesgo para su vida.
