Ya se volaron a 1,700 empleados públicos y todavía no ha terminado la barrida
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Más de 1,700 empleados públicos han sido liquidados como parte del proceso de reducción del aparato estatal impulsado por la Comisión Técnica Liquidadora, una medida que contempla el cierre de unas 25 instituciones y que busca generar ahorro para destinar recursos a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, según informaron autoridades este miércoles en Tegucigalpa.
El miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, Mario Simón, explicó que el proceso forma parte de una estrategia para disminuir el tamaño del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de entidades adscritas y organismos considerados no prioritarios.
“Lo que se está buscando es una disminución del aparato estatal porque necesitamos generar ahorro para el Estado y que esos recursos se puedan distribuir en sectores sensibles como educación, salud y seguridad”, manifestó Simón.
El funcionario detalló que las personas separadas de sus cargos recibirán el pago correspondiente a sus prestaciones laborales, con el objetivo de evitar posibles demandas judiciales contra el Estado por incumplimientos en obligaciones económicas.
“Hasta la fecha han sido despedidos aproximadamente más de 1,700 empleados. A todos se les está honrando el pago de sus prestaciones”, afirmó.
Según la Comisión Técnica Liquidadora, el Gobierno ya ha desembolsado más de 700 millones de lempiras para cumplir con estos pagos y reducir el riesgo de procesos legales relacionados con salarios caídos u otros reclamos laborales.
Simón indicó que la reducción del aparato estatal incluye el cierre de alrededor de 25 instituciones, entre dependencias adscritas y entidades que serán eliminadas dentro del proceso de reorganización gubernamental.
Las autoridades sostienen que la medida permitirá liberar recursos para fortalecer áreas consideradas esenciales y mejorar la eficiencia administrativa del Estado.
El proceso de liquidación continuará mientras la comisión avanza con la revisión de instituciones y empleados incluidos dentro del plan de reestructuración.
