Quiere eliminar el delito de femicidio y no se anda con cuentos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El abogado Fernando González presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto 130-2017, que tipifica el delito de femicidio en Honduras, al considerar que la normativa establece un trato jurídico desigual frente a otros delitos contra la vida y vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Tras interponer el recurso, González explicó a periodistas que su acción legal no busca impedir la protección de las mujeres frente a la violencia, sino cuestionar la forma en que el delito de femicidio está regulado en la legislación hondureña.
«No hay nada más injusto que tratar de desigual a un humano; no se puede proteger un derecho humano lacerando otro derecho humano«, expresó el profesional del derecho.
Cuestiona un trato jurídico diferente
El abogado sostuvo que el decreto 130-2017 genera un tratamiento jurídico distinto en comparación con otros delitos contra la vida, como el homicidio, el asesinato y el parricidio.
Según su planteamiento, cuando una mujer priva de la vida a su cónyuge, el hecho es investigado y juzgado bajo figuras penales como el parricidio o el homicidio, mientras que en los casos donde la víctima es una mujer concurren elementos específicos para la aplicación del delito de femicidio.
«Si dos hechos con el mismo resultado jurídico se deberían tratar de manera igual, en este caso hay desigualdad«, manifestó González.
Aclara que no busca eliminar la protección a las mujeres
El profesional del derecho insistió en que su recurso no pretende impedir la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, sino que la Sala de lo Constitucional analice si la regulación actual del delito respeta los principios constitucionales.
Asimismo, rechazó que su acción tenga motivaciones en contra de las mujeres y afirmó que su objetivo es promover un tratamiento igualitario ante la justicia para todos los ciudadanos.
Ahora corresponderá a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitir o no el recurso y determinar, conforme al procedimiento legal, si analiza el fondo del planteamiento presentado contra el decreto 130-2017.
