¡Ni los maestros se salvan! A ellos también les cobran el “impuesto de guerra”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Docentes hondureños estarían siendo obligados a pagar extorsión para poder trasladarse hacia los centros educativos donde trabajan, denunció el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), Carlos Sabillón, quien advirtió que la inseguridad continúa afectando al sistema educativo, principalmente en zonas de alta incidencia delictiva donde estructuras criminales controlan sectores y exigen dinero a los maestros para permitirles ingresar o transitar por determinadas comunidades.

Sabillón explicó que, aunque en el caso de los centros educativos privados las amenazas suelen estar dirigidas principalmente contra las instituciones como empresas, conoce de primera mano situaciones en las que maestros deben entregar dinero a estructuras criminales para poder movilizarse diariamente hacia sus lugares de trabajo.

Según el dirigente, esta problemática afecta especialmente a docentes que laboran en sectores donde existe una fuerte presencia de grupos delictivos.

El presidente de Fenieph señaló que la situación se presenta principalmente en el sistema educativo público, donde algunos docentes se ven obligados a pagar el denominado «impuesto de guerra» para ingresar o transitar por comunidades controladas por estructuras criminales.

Esta situación no solo representa una amenaza para la integridad y seguridad de los educadores, sino que también puede afectar la continuidad de las clases y el derecho de miles de estudiantes hondureños a recibir una educación de manera segura y constante.

La extorsión, de acuerdo con la denuncia, estaría convirtiendo el simple hecho de trasladarse hacia un centro educativo en un riesgo para los maestros que deben atravesar zonas bajo control de grupos criminales.

Sabillón también reveló que la extorsión ha alcanzado a centros educativos privados, algunos de los cuales se han visto obligados a cerrar sus operaciones o trasladarse de barrio y colonia para evitar las amenazas de grupos criminales.

El dirigente explicó que delincuentes realizan llamadas telefónicas a las instituciones para exigir pagos, situación que ha llevado a algunos colegios a tomar medidas como cancelar sus líneas telefónicas para reducir el riesgo de recibir intimidaciones.

De esta manera, la problemática de la extorsión estaría afectando tanto a los docentes como a las instituciones educativas, generando preocupación entre las comunidades escolares.

El presidente de Fenieph sostuvo que la extorsión dejó de ser un problema exclusivo de sectores como el transporte y el comercio, al convertirse también en una amenaza para la educación y otros sectores productivos del país.

En ese sentido, expresó su esperanza de que la nueva unidad creada por el Gobierno para combatir este delito pueda generar resultados efectivos y contribuir a recuperar la tranquilidad de docentes, estudiantes y centros educativos.

«No podemos seguir permitiendo que los delincuentes controlen sectores enteros y obliguen a los maestros a pagar para ejercer su profesión», enfatizó Sabillón.

El dirigente pidió reforzar las acciones de seguridad para garantizar que los docentes puedan movilizarse libremente hacia sus lugares de trabajo y que los estudiantes tengan asegurado su derecho a recibir clases en condiciones de seguridad.

La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tiene la extorsión en la educación hondureña, un fenómeno que, según el sector educativo, amenaza con afectar no solo la seguridad de los maestros, sino también la continuidad y calidad de la enseñanza en las comunidades más vulnerables.