Ese dinero turbio lo terminarás escondiendo allá donde no te da el sol
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Congreso Nacional inició este lunes la discusión de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una normativa orientada a identificar a las personas que realmente controlan o se benefician de sociedades mercantiles y fideicomisos, mediante un registro administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con el propósito de fortalecer el combate contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, la delincuencia organizada y otros delitos financieros que afectan al país.
La iniciativa, que ya superó su primer debate en el Legislativo, forma parte de los esfuerzos para reforzar los mecanismos de transparencia y trazabilidad financiera, permitiendo a las autoridades conocer quiénes son los beneficiarios finales detrás de estructuras jurídicas que podrían ser utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la normativa responde a estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organismo encargado de evaluar las acciones de los países en la prevención y combate de delitos financieros.
Según el funcionario, la creación de este registro facilitará la identificación de los verdaderos propietarios de empresas y fideicomisos, dificultando el uso de sociedades pantalla para encubrir operaciones vinculadas al lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas.
Asimismo, destacó que el cumplimiento de estas medidas permitirá a Honduras fortalecer sus capacidades institucionales para perseguir delitos financieros y evitar observaciones internacionales relacionadas con deficiencias en los sistemas de prevención y control.
La propuesta de ley está integrada por 35 artículos y establece que la información sobre los beneficiarios finales será centralizada y administrada por la CNBS, con el objetivo de garantizar un mayor control y supervisión sobre las estructuras corporativas que operan en el país.
Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada nacionalista por Ocotepeque, Tania Pinto, señaló que la iniciativa representa una herramienta clave para enfrentar un problema que durante años ha afectado la seguridad, la economía y la institucionalidad hondureña.
La discusión de la normativa continuará en los próximos debates legislativos, donde los diputados analizarán una propuesta que busca cerrar espacios a las estructuras utilizadas para ocultar fondos ilícitos y fortalecer la lucha contra el crimen financiero en Honduras.
