La Barbie Fiscal se quedó sin libertad y se puede quedar sin bienes
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un juez de privación de dominio programó para el próximo 2 de septiembre la audiencia de proposición de medios de prueba sobre los bienes vinculados a la exfiscal Francia Sofía Medina, su pareja, el también exfiscal Germán Silva, y otros miembros de su entorno, luego de investigaciones que cuestionan el origen de un patrimonio que habría superado los 91 millones de lempiras.
La audiencia se desarrollará de manera presencial a las 9:00 de la mañana y analizará pruebas relacionadas con vehículos, cuentas bancarias, siete propiedades y la fundación educativa Alfa y Omega.
DE 2.3 MILLONES A UN PATRIMONIO DE MÁS DE L91 MILLONES
De acuerdo con las investigaciones citadas en el caso, Medina tenía un salario aproximado de 39,000 lempiras mensuales como fiscal auxiliar.
Entre 2019 y 2023, sus ingresos considerados legítimos —incluyendo salarios, viáticos y remesas— habrían alcanzado aproximadamente 2.3 millones de lempiras.
Sin embargo, durante ese mismo período, personas vinculadas a su círculo adquirieron propiedades, apartamentos, vehículos de lujo, relojes Rolex, joyas Cartier y otros bienes cuyo valor conjunto habría superado los 91 millones de lempiras.
Esa diferencia es uno de los elementos que ha puesto bajo la lupa el origen del patrimonio.
BIENES FUERON ASEGURADOS
Como parte de las investigaciones, detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguraron bienes localizados principalmente en Comayagua y Cortés.
Entre lo incautado figuran siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias, además de otros activos que forman parte del proceso de privación de dominio.
Los bienes están relacionados con Francia Medina, Germán Silva, Rafael Medina, padre de la exfiscal, y otras personas incluidas en la investigación.
Ahora, el tribunal deberá conocer los medios de prueba propuestos por las partes antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.
La audiencia del 2 de septiembre será clave para determinar cómo continúa el proceso sobre los bienes cuyo origen es cuestionado por las autoridades.
