¡Cuál vergüenza! Marco Vallecillo quiere su chamba y su salario
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El exjuez Marco Antonio Vallecillo continúa a la espera de una resolución del Poder Judicial sobre su reincorporación al cargo, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera en junio de 2026 el proceso penal en su contra por presunta extorsión, al determinar que se vulneró su derecho al debido proceso.
La defensa de Vallecillo, encabezada por el abogado Marlon Arévalo, presentó varios escritos ante las autoridades judiciales y exigió que se resuelva su reintegro, además del pago de los salarios que dejó de percibir durante el proceso penal.
DEFENSA ADVIERTE POSIBLES DEMANDAS CONTRA EL ESTADO
Arévalo aseguró que existe información sobre un posible despido de Vallecillo, situación que, según advirtió, podría llevar a la defensa a presentar acciones ante organismos internacionales y emprender demandas contra el Estado de Honduras.
El abogado pidió a la CSJ resolver de inmediato la situación laboral del exjuez para evitar nuevos conflictos legales.
A finales de junio de 2026, la Sala de lo Constitucional de la CSJ otorgó por unanimidad un recurso de amparo presentado por la defensa de Vallecillo y ordenó suspender el proceso judicial.
Según la resolución, durante el procedimiento se habría vulnerado el debido proceso, debido a que se omitió el trámite de antejuicio establecido para proteger a jueces y magistrados frente a persecuciones penales relacionadas con actos vinculados al ejercicio de sus funciones.
¿DE QUÉ ACUSABAN A VALLECILLO?
El Ministerio Público había acusado a Vallecillo, junto con Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva, de integrar una presunta estructura dedicada a extorsionar a un testigo protegido.
Según la acusación, los imputados habrían amenazado al testigo con la presentación de un requerimiento fiscal y le habrían ofrecido excluirlo del proceso a cambio de tres millones de lempiras.
Sin embargo, el proceso contra Vallecillo quedó suspendido tras el fallo de la Sala de lo Constitucional, mientras ahora su defensa espera que el Poder Judicial determine su situación laboral y el pago de los salarios reclamados.
