¿A quién se irán a volar ahora? Se viene otra barrida en Gobierno
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Gobierno de Honduras analiza la supresión, adscripción o fusión de instituciones estatales que registren baja ejecución presupuestaria, duplicidad de funciones o que no estén alineadas con el plan de gobierno del presidente Nasry Asfura, con el objetivo de reorientar recursos públicos hacia áreas prioritarias como infraestructura vial, inversión pública y el sistema hospitalario.
El coordinador de la comisión técnica liquidadora del Gobierno, Ángel Mendoza, explicó que actualmente se realiza un análisis presupuestario y jurídico de cada institución antes de tomar decisiones.
EVALÚAN CUÁLES INSTITUCIONES PODRÍAN DESAPARECER
Mendoza señaló que la revisión contempla identificar entidades cuya estructura pueda ser modificada o eliminada debido a bajo desempeño presupuestario, funciones duplicadas o falta de correspondencia con las prioridades gubernamentales.
“Estamos haciendo análisis a través de la Secretaría de Finanzas, con la Dirección de Presupuesto, sobre cómo va la ejecución presupuestaria, y también el análisis legal de cada institución”, explicó.
Los recursos que eventualmente sean liberados serían orientados a sectores considerados prioritarios por el Ejecutivo, entre ellos la inversión pública, la red vial y el sistema hospitalario.
CIERRES DEBERÁN CUMPLIR LA LEY
El funcionario aclaró que cualquier decisión de cierre deberá respetar el marco jurídico de cada institución, así como las obligaciones laborales con los empleados.
Según Mendoza, alrededor del 90 % del proceso de cierre de instituciones que ya fueron suprimidas presenta avances en materia de pago de prestaciones laborales.
Además, las autoridades trabajan en identificar a los beneficiarios y las obligaciones pendientes para completar los pagos correspondientes.
TAMBIÉN REVISAN POSIBLES IRREGULARIDADES
Durante el proceso también se da seguimiento a expedientes relacionados con presuntas irregularidades que han sido remitidos al Ministerio Público.
Mendoza explicó que organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) solicitan información a instituciones públicas para desarrollar sus propios análisis y, cuando encuentran elementos suficientes, pueden presentar denuncias.
Sin embargo, el funcionario enfatizó que el Gobierno no puede determinar la culpabilidad o inocencia de personas mientras las investigaciones continúen abiertas.
Las autoridades continuarán con los análisis financieros y jurídicos antes de definir qué instituciones serán suprimidas, fusionadas o adscritas a otras dependencias y cuál será el impacto de esas decisiones sobre las finanzas públicas.
