POLITICA

Se metieron a la brava y contra la ley en las elecciones generales, alerta UFTF

Tegucigalpa, honduras. – Un total de 555 candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025 no presentaron sus informes sobre el manejo de recursos, según un informe preliminar de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), que revisa la rendición de cuentas de quienes participaron en los comicios del 30 de noviembre de 2025.

El comisionado de la UFTF, Juan Pablo Hernández, explicó que la cifra corresponde a 555 de los 2,166 sujetos obligados a presentar información financiera, entre candidatos a la Presidencia, diputados y alcaldes.

Hernández aclaró que el número presentado es preliminar y que todavía continúa el proceso de revisión de la documentación entregada por los candidatos.

Entre quienes no han cumplido con la rendición de cuentas se encuentran candidatos a diputados y alcaldes, aunque la UFTF todavía debe concluir la revisión para establecer la situación definitiva de cada caso.

PIDEN L57 MILLONES PARA AUDITAR ELECCIONES

Ante la magnitud del proceso de fiscalización, la Unidad de Política Limpia solicitó al Congreso Nacional un presupuesto especial de 57 millones de lempiras para realizar la auditoría de los recursos utilizados durante las elecciones generales.

El proyecto fue presentado el martes y, según Hernández, se espera que sea aprobado durante la última semana de agosto para posteriormente ser remitido a la Secretaría de Finanzas.

Los recursos permitirían fortalecer las labores de revisión y fiscalización de los fondos utilizados durante el proceso electoral.

La UFTF también trabaja en una propuesta de reformas para fortalecer sus facultades de fiscalización y sanción.

Una de las principales modificaciones planteadas consiste en otorgar autonomía a la Unidad de Política Limpia y separarla del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Hernández argumentó que ambas instituciones cumplen funciones diferentes, por lo que consideran necesario modificar su estructura para fortalecer el control sobre el financiamiento político y electoral.

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