CNA a Gobierno: No han hecho ni m*erda para manejar la sequía
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó este lunes la respuesta del Estado ante la crisis de sequía que afecta a más de 70 municipios del Corredor Seco de Honduras, al señalar una presunta “negligencia política” y advertir que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes frente a un problema que considera estructural.
Castellanos sostuvo que la falta de lluvias y las altas temperaturas están afectando la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, además de poner en riesgo los cultivos de maíz y frijol de numerosas familias.
A su juicio, las declaratorias de emergencia y alertas por sequía corren el riesgo de convertirse en medidas burocráticas y temporales, sin atender las causas que mantienen vulnerables a las comunidades.
La directora del CNA también señaló factores como la deforestación, los monocultivos y proyectos extractivos, además de los efectos del cambio climático, como elementos que agravan la problemática.
Según los cuestionamientos de Castellanos, muchas familias campesinas enfrentan la pérdida de sus principales fuentes de alimentación e ingresos debido a la falta de agua.
La funcionaria criticó que la respuesta estatal se concentre en medidas de emergencia, como la entrega de alimentos, sin avanzar suficientemente en políticas de prevención, infraestructura hídrica y mitigación que permitan enfrentar futuras temporadas de sequía.
También demandó mayor transparencia en el uso de los recursos destinados a infraestructura y atención de las comunidades afectadas.
PIDEN SOLUCIONES DE LARGO PLAZO
Castellanos sostuvo que Honduras necesita abordar la sequía como un problema ambiental, social y político, y no únicamente como una emergencia provocada por la falta de lluvias.
El llamado ocurre mientras decenas de municipios del Corredor Seco enfrentan dificultades relacionadas con el agua y la seguridad alimentaria.
La directora del CNA insistió en la necesidad de implementar políticas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades y garanticen el acceso al agua, además de establecer responsabilidades por las acciones que puedan contribuir al deterioro ambiental.
