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Seguimos amenazados y pagando para que no nos maten, dicen los transportistas  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dirigentes del sector transporte cuestionaron este miércoles los resultados del plan de seguridad impulsado para combatir la extorsión, al asegurar que, a dos semanas de su implementación, los cobros ilegales continúan afectando a conductores, ayudantes y propietarios de unidades. Mientras los transportistas afirman que la situación no ha mejorado y exigen acciones contundentes, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) sostiene que el proceso de identificación y depuración avanza de forma gradual.

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, manifestó que el sector aún no percibe cambios en las calles y lamentó que las medidas anunciadas por las autoridades no hayan generado resultados concretos frente a uno de los principales problemas que enfrenta el rubro.

“No hemos visto nada, ninguna solución al problema con todos los que han pasado. Pienso que aquí sinceramente como que desconocen el problema que tenemos”, expresó.

Lanza aseguró que las estructuras criminales continúan ejerciendo presión sobre las rutas del transporte público y afirmó que, según estimaciones del sector, algunas unidades llegan a pagar hasta 12 mil lempiras mensuales por concepto de extorsión.

El dirigente explicó que existen rutas obligadas a realizar pagos en varios días de la semana y sostuvo que prácticamente ninguna unidad logra operar sin ser víctima de este delito.

“Aquí todo mundo paga, nadie se va sin pagar”, afirmó.

El representante del transporte también expresó que el gremio está dispuesto a colaborar con los procesos de depuración anunciados por las autoridades, siempre y cuando las investigaciones incluyan a todos los sectores involucrados, incluso instituciones relacionadas con la seguridad.

Asimismo, respondió a las versiones que apuntan a posibles vínculos de transportistas, conductores o ayudantes con las redes de extorsión y pidió que, si existen pruebas, sean presentadas públicamente.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar. Si hay transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo metido en esto, que los muestren”, señaló.

Por su parte, el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, defendió el trabajo que desarrolla la institución y aseguró que el censo al sector transporte ya está en marcha, aunque reconoció que el proceso requiere tiempo.

El funcionario explicó que actualmente las labores se concentran en los puntos de taxis de la capital y que posteriormente se ampliarán al transporte urbano de buses y al servicio interurbano.

“No es con un chasquido de dedos que ya lo hice, pero nosotros estamos avanzando. Es un trabajo serio”, afirmó.

Molina indicó que el objetivo es recopilar información de conductores, verificar datos y construir un sistema nacional de análisis criminal que permita identificar a las estructuras dedicadas al cobro de extorsión.

Además, anunció que la DAET sostendrá reuniones con propietarios del transporte para fortalecer la cooperación entre ambas partes y obtener información que facilite el combate contra este delito.

“El tema del transporte es un tema en el cual nosotros tenemos un objetivo de interés: tratar de apoyar a los propietarios en evitar ese tipo de extorsiones”, manifestó.

Tarifa del pasaje se mantiene sin cambios

En relación con el costo del transporte, Jorge Lanza aclaró que la tarifa del pasaje urbano continúa en 13 lempiras, de acuerdo con el acuerdo suscrito en abril de 2022, y descartó cualquier incremento unilateral.

El dirigente explicó que cualquier modificación en el precio del pasaje debe ser autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), por lo que reiteró que los transportistas no pueden aumentar la tarifa por decisión propia.

Mientras las autoridades sostienen que el plan de seguridad continúa desarrollándose, el sector transporte insiste en que la extorsión sigue afectando diariamente a miles de trabajadores y demanda medidas más efectivas para frenar la acción de las estructuras criminales.

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