¡Ya dijo Seguridad! Está p*jiado poder luchar contra las maras
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El propio viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, reconoció que las maras y pandillas mantienen presencia y control territorial en algunas zonas de Honduras, una situación que continúa provocando amenazas, desplazamientos forzados y temor entre las familias.
La admisión deja en evidencia una situación preocupante: aunque las autoridades aseguran combatir a las estructuras criminales, la Policía no estaría logrando recuperar completamente el control de los territorios dominados por estos grupos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Villa Nueva, Tegucigalpa, donde varias personas tuvieron que abandonar sus viviendas luego de recibir amenazas. Martínez calificó la situación como de una “gravedad bastante intensa” y reconoció que la respuesta policial durante la salida de las víctimas no fue la ideal.
El funcionario admitió que los agentes protegieron a las personas afectadas, pero no lograron atacar de fondo el problema criminal que provocó su desplazamiento, reflejando las limitaciones que enfrenta la institución para combatir estas estructuras.
A esto se suma el temor de muchas víctimas a denunciar o declarar contra los grupos criminales. Actualmente, la Policía identifica alrededor de 140 estructuras criminales que operan en el país.
Martínez también señaló que una reforma legal que considera a las maras y pandillas como organizaciones terroristas todavía requiere una declaración formal para que las autoridades puedan actuar bajo esa figura. Según el funcionario, si esta declaración se concreta antes de diciembre, la Policía podría detener y mantener en prisión a al menos 1,000 integrantes de estas estructuras.
La situación también ha provocado un grave problema de desplazamiento forzado. ACNUR ha advertido que este fenómeno está ampliamente extendido en Honduras, mientras un estudio estima que más de 423,000 personas han sido desplazadas, de las cuales el 55 % son mujeres y el 21 % menores de edad.
Las declaraciones de Seguridad encendieron las alarmas: las autoridades reconocen que las maras continúan ejerciendo poder territorial y que, pese al despliegue policial, el Estado todavía enfrenta serias dificultades para recuperar el control de las zonas afectadas.
