Se ponen buenas las eliminatorias para el TJE Y CNE
Tegucigalpa, Honduras. – El proceso de selección para ocupar las vacantes en los organismos electorales del país entró en una fase clave de fiscalización y depuración, luego de que la Comisión Especial Legislativa endureciera los controles sobre los aspirantes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Como parte de este nuevo filtro, la comisión solicitó informes detallados al Ministerio Público (MP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) con el fin de identificar si existen autopostulantes con procesos penales, denuncias pendientes o demandas activas contra el Estado.
La medida surge después de que se revelara que algunos aspirantes mantienen este tipo de procesos legales, lo que encendió las alarmas dentro del proceso de evaluación. El propósito, según las autoridades legislativas, es garantizar que quienes avancen a la etapa final posean una honorabilidad intachable y no enfrenten conflictos que puedan comprometer la imparcialidad de los entes que dirigirán los próximos procesos electorales.
“Nosotros solicitamos ya a la Procuraduría General de la República que nos envíe el listado de personas que tengan este tipo de situaciones legales”, explicó la diputada Erika Urtecho, integrante de la comisión especial.
La parlamentaria aclaró que la información remitida por la PGR y el MP no implicará una exclusión automática. Cada caso será sometido a una revisión técnica y jurídica por parte de los comisionados para determinar si se trata de un ejercicio legítimo del derecho de reclamo o de una situación que represente una inhabilidad ética o incompatibilidad directa con el cargo.
“Hay que ver cada caso, si es demandante, si está siendo demandado, si es que esa persona puso una demanda y si la misma es justa o no justa”, puntualizó Urtecho.
La decisión final sobre si un postulante es declarado “no apto” será tomada mediante una votación interna dentro de la comisión legislativa.
A este proceso de revisión de antecedentes se suman además las pruebas toxicológicas y psicométricas, requisitos que la ley establece de forma específica para los aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral.
Debido a la alta afluencia de postulantes y a la logística que implican estas evaluaciones de confianza, las audiencias públicas fueron reprogramadas con el objetivo de garantizar que todos los candidatos sean evaluados.
“Ese fue precisamente uno de los motivos por los cuales se extendieron las audiencias públicas a martes y miércoles, tenemos que esperar los resultados de estas pruebas toxicológicas y psicométricas”, detalló la legisladora.
La intención de la comisión es remitir una nómina de 18 personas, es decir, tres candidatos por cada vacante, donde la solvencia moral esté respaldada al mismo nivel que la capacidad técnica.
El proceso se mantiene bajo la observación de diversas organizaciones de sociedad civil, que han insistido en la necesidad de una transparencia total durante esta etapa de depuración.
La meta, según los sectores vigilantes, es impedir que activistas políticos o personas con conflictos de interés lleguen a integrar los órganos electorales, priorizando perfiles independientes, profesionales y confiables que fortalezcan la democracia hondureña.
Una vez concluida la revisión de informes y audiencias, el listado final será enviado a la junta directiva del Congreso Nacional. La elección definitiva requerirá una mayoría calificada de 86 votos, por lo que las distintas bancadas deberán alcanzar consensos alrededor de los perfiles que logren superar este estricto proceso de depuración legal.
