hicieron buena movida en OABI con los bienes incautados
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció este miércoles presuntas irregularidades en la venta y traslado de 33 propiedades que estaban bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), señalando al exdirector Francisco René Flores y a supuestos compradores por posibles delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, explicó que los inmuebles habrían sido transferidos mediante subastas públicas simuladas, utilizadas para aparentar legalidad, pese a que las operaciones presuntamente no cumplieron los requisitos establecidos.
¡LAS PROPIEDADES CAMBIARON DE DUEÑO, PERO EL DINERO NO APARECE!
Entre las principales irregularidades, el CNA señaló que ninguna de las propiedades tenía autorización para ser vendida, los supuestos compradores no estaban inscritos en las subastas ni presentaron ofertas y tampoco existe evidencia de que pagaran por los inmuebles.
Además, algunas propiedades ya aparecen a nombre de terceros en el Instituto de la Propiedad (IP), mientras que los registros de la OABI todavía las mantienen bajo custodia estatal.
“Los bienes inmuebles cambiaron de titular, pero los fondos que debía percibir OABI simplemente no aparecen. ¿Quién recibió el beneficio económico de estas operaciones?”, cuestionó Castellanos.
USO DE DOCUMENTOS Y NOMBRES DE NOTARIOS
La organización también identificó inconsistencias en escrituras públicas y documentos de inscripción, además del supuesto uso del nombre de dos notarios sin su legítima intervención.
Entre los casos señalados figura una vivienda en la residencial Villa Española, en San Pedro Sula, donde se detectaron contradicciones en los documentos relacionados con su venta.
Castellanos advirtió que estas operaciones podrían representar un mecanismo de transferencia de bienes incautados hacia personas presuntamente vinculadas al crimen organizado y recordó que ningún funcionario es dueño de las propiedades que administra.
El CNA pide que se investiguen las operaciones y se determinen las responsabilidades correspondientes.
