Tan terrible esta la inseguridad que necesitamos policías en las escuelas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El dirigente magisterial Gilberto Benítez denunció este sábado, a través de declaraciones públicas dirigidas al sector educativo y a las autoridades de seguridad, el recrudecimiento de la violencia en centros educativos de Honduras, donde estudiantes y docentes han sido afectados por hechos criminales, incluyendo homicidios, acoso y presunta infiltración del crimen organizado, en medio de una crisis que —según afirmó— se ha intensificado en los últimos días en todo el país.
Benítez expresó su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en escuelas y colegios, señalando que la violencia “cada vez se vuelve peor” dentro de los espacios educativos, que antes eran considerados entornos seguros para la niñez y la juventud.
El dirigente denunció además que existen señales de infiltración del crimen organizado en el sistema educativo, incluyendo casos de supuestos docentes vinculados a la venta de drogas y situaciones de acoso o castigos indebidos hacia estudiantes.
Entre los casos mencionados, recordó el asesinato de la estudiante Perla de Lulúa, junto a otros menores víctimas de la violencia reciente que ha impactado al país.
Benítez alertó que en los últimos días se han registrado cuatro masacres en Honduras, con un saldo aproximado de 32 personas fallecidas, de las cuales un 19% serían menores de edad, lo que agrava la preocupación del gremio magisterial.
“Nosotros queremos hacer un llamado urgente a la Policía Nacional para que custodie los centros educativos”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de garantías de seguridad incluso en escuelas, iglesias y hogares.
Asimismo, el dirigente se mostró escéptico ante las recientes capturas realizadas por las autoridades policiales, asegurando que estas no resuelven el problema de fondo y que la población exige justicia real.
“La población hondureña necesita conocer con certeza los asesinos intelectuales y los materiales”, enfatizó.
Finalmente, Benítez exigió una reforma profunda en las estrategias de investigación criminal, instando a que se desarrollen procesos más científicos y rigurosos que permitan identificar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes, con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas, especialmente niños y jóvenes del país.
