“Ay mi pobre asesino no me lo traten mal”…gritan en El Pozo
ILAMA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS. – Familiares de privados de libertad protestaron frente a la cárcel de máxima seguridad El Pozo para exigir que se restablezcan las visitas familiares e íntimas, las llamadas telefónicas y el acceso a pertenencias personales. Las manifestantes aseguran que llevan casi un mes sin ver a sus seres queridos y advierten que acudirán al Congreso Nacional si no reciben respuesta, precisamente el poder del Estado que aprobó reformas para endurecer las condiciones penitenciarias.
¡AY, MI POBRE CRIMINAL, NO TE DEJAN RECIBIR VISITAS!
Madres, esposas y otros familiares llegaron hasta las afueras del centro penitenciario para reclamar por las restricciones impuestas a los internos. También denunciaron supuestos daños a sus pertenencias y dificultades para mantener la comunicación.
Y aquí es donde el sarcasmo se escribe solo: ¡Ay, mi pobre asesino múltiple, qué injusticia, ahora resulta que no puedes recibir visitas como antes! Mientras las víctimas de delitos graves y sus familias cargan con consecuencias que pueden durar toda la vida, los parientes de algunos reclusos protestan porque las reglas de la prisión les impiden mantener el contacto habitual.
Eso sí, conviene recordar que las responsabilidades penales son individuales y que no todos los internos están condenados por los mismos delitos. Las denuncias de los familiares sobre las condiciones dentro de la cárcel tampoco han sido verificadas de manera independiente.
¡Y SI NO LES RESUELVEN, IRÁN AL CONGRESO!
La parte más irónica llega cuando las manifestantes advierten que llevarán sus reclamos al Congreso Nacional, cuyos diputados aprobaron medidas para reforzar las restricciones penitenciarias aplicables a determinados grupos criminales.
En otras palabras: ¡el Congreso endurece las reglas y ahora quieren pedirle al Congreso que les dé una manita! Una escena que parece sacada de una comedia, aunque detrás del debate hay asuntos serios de seguridad, justicia y derechos fundamentales.
Los familiares defienden que los reclusos deben conservar el contacto con sus seres queridos y recibir oportunidades de rehabilitación. La discusión, sin embargo, enfrenta una pregunta incómoda: ¿cómo mantener las garantías legales de quienes están presos sin perder de vista la gravedad de los delitos que hayan cometido y el sufrimiento de sus víctimas?
Porque una cosa es exigir que se respete la ley y otra muy distinta es pretender que una cárcel de máxima seguridad funcione como si las restricciones fueran opcionales.
