Los mantenidos de Petro se le quieren poner al brinco a De la Espriella

BOGOTÁ, COLOMBIA. – Miles de colombianos participaron este miércoles en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, mediante marchas en las principales ciudades del país para rechazar recortes presupuestarios, reclamar derechos laborales y educativos y expresar su oposición a las primeras medidas del mandatario, quien asumió el poder hace dos meses.
En Bogotá, cuatro marchas comenzaron a las 10:00 de la mañana, hora local, con destino a la Plaza de Bolívar. Durante la movilización, los participantes portaron banderas de Colombia, Palestina y organizaciones sindicales, además de pancartas con demandas laborales y sociales.
Según la información disponible, las manifestaciones transcurrían sin incidentes al inicio de la jornada, mientras las autoridades gestionaban el tráfico.
RECHAZAN RECORTES Y ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS
El senador Wilson Arias, del izquierdista Pacto Histórico, defendió la convocatoria y cuestionó los recortes anunciados en entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en la región Caribe.
Estudiantes y organizaciones sociales también se sumaron a las protestas para exigir garantías de derechos humanos, educación gratuita y protección de la vida. Algunos manifestantes calificaron de autoritarias las políticas del nuevo Gobierno.
POLÉMICA POR DECRETO SOBRE LAS PROTESTAS
La jornada se desarrolló un día después de que De la Espriella firmara el Decreto 1525 de 2026, que establece disposiciones para la intervención de las autoridades durante las manifestaciones, especialmente ante actos violentos.
El texto indica que las autoridades deben buscar el diálogo, aunque este no constituye una condición previa para actuar contra personas que cometan actos de violencia.
El presidente defendió la protesta pacífica como una garantía constitucional, pero sostuvo que ese derecho no ampara agresiones, daños a bienes, amenazas ni bloqueos que impidan el paso de ambulancias y servicios de emergencia.
La movilización forma parte de un periodo de protestas sociales previsto para los próximos dos meses, en medio de las diferencias entre el Gobierno y sectores sindicales, estudiantiles y opositores.








