INP: A cada rato salen con inventos para hacer llamadas en las cárceles
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Lacayo, reconoció que persisten fallas en los sistemas de bloqueo de señal de los centros penales de Honduras, una situación que permite que continúen las brechas para realizar llamadas desde las cárceles y mantiene la preocupación por las extorsiones telefónicas que afectan a la población, pese a que todos los recintos penitenciarios cuentan con esta tecnología.
Desde El Salvador, donde realiza una visita oficial, Lacayo admitió las deficiencias del sistema y sostuvo que ningún mecanismo tecnológico es completamente infalible. Sin embargo, el reconocimiento vuelve a poner en el centro del debate la capacidad de las autoridades para impedir que las cárceles sean utilizadas como puntos de operación para actividades delictivas.
“Ningún sistema es infalible”, expresó el funcionario al referirse a los bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios del país.
Lacayo aseguró que las autoridades realizan requisas diarias en las cárceles y que, durante estas operaciones, continúan encontrando aparatos y brechas que evidencian las dificultades para mantener un bloqueo efectivo de las comunicaciones telefónicas.
El director del INP explicó que todos los centros penitenciarios cuentan con bloqueadores de señal, pero indicó que el servicio es proporcionado por empresas de telefonía. Según detalló, las compañías son informadas cuando las inspecciones permiten detectar fallas o vulnerabilidades en el sistema.
La situación representa un desafío para la seguridad penitenciaria, debido a que las llamadas con fines extorsivos figuran entre los delitos que, según la información proporcionada, se originan desde las cárceles hondureñas.
UN PROBLEMA QUE GOLPEA LA SEGURIDAD DE LOS HONDUREÑOS
La posibilidad de que se realicen llamadas desde el interior de los centros penales plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y la coordinación entre las autoridades penitenciarias y las empresas responsables del bloqueo de señal.
Aunque el INP sostiene que mantiene operativos de inspección y que los centros cuentan con tecnología para restringir las comunicaciones, las brechas detectadas evidencian que el problema persiste.
El reto para las autoridades es cerrar las vulnerabilidades que permiten las comunicaciones ilegales desde las cárceles y fortalecer los controles para evitar que estos espacios sean utilizados para coordinar extorsiones y otras actividades delictivas.
En un país donde la extorsión representa una amenaza para ciudadanos y sectores productivos, impedir que las redes criminales operen desde los centros penitenciarios sigue siendo una prioridad de seguridad pública.
