¡Al pecho sin anestesia! Castellanos tira otra indirecta muy directa
LOCALIZADOR: TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que Honduras podría avanzar hacia una peligrosa deriva autoritaria si apuesta por endurecer las penas y restringir garantías fundamentales para combatir la criminalidad. La abogada cuestionó el interés de diputados hondureños por conocer y replicar el modelo de seguridad de El Salvador, tras su visita al país vecino para conocer las estrategias del Gobierno de Nayib Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En su análisis titulado «La ilusión de la mano dura», publicado en su cuenta de X, Castellanos sostuvo que la búsqueda de soluciones contra la violencia no debe convertirse en una justificación para debilitar el Estado de derecho ni limitar derechos fundamentales.
La titular del CNA señaló que Honduras enfrenta una ciudadanía cansada de la violencia, pero advirtió que la respuesta de las autoridades no debería reducirse a elegir entre mantener un estado de excepción permanente o permitir que el crimen organizado controle los territorios.
A su criterio, el endurecimiento de las penas, la suspensión de garantías y la militarización de la seguridad pública ganan atractivo porque prometen resultados inmediatos ante problemas complejos. Sin embargo, identificó esa tendencia como populismo punitivo, especialmente cuando las decisiones se toman bajo la presión del miedo ciudadano y los cálculos electorales.
La abogada también cuestionó que los diputados busquen fórmulas extranjeras sin analizar suficientemente sus consecuencias jurídicas e institucionales. En ese sentido, consideró que la visita al CECOT refleja el entusiasmo por un modelo basado en la excepcionalidad y el encarcelamiento prolongado.
ADVIERTE SOBRE POSIBLES ABUSOS Y DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL
Desde la perspectiva de los derechos humanos, Castellanos alertó que trasladar a Honduras medidas que, según su análisis, se apoyan en suspensiones masivas del debido proceso, debilitamiento de las garantías judiciales y hacinamiento penitenciario podría abrir la puerta a abusos de poder, especialmente en un país cuyas instituciones son vulnerables a la corrupción.
Además, cuestionó que las estrategias de seguridad se concentren en los eslabones más débiles de las estructuras criminales y que el aislamiento penitenciario se presente como una muestra de eficiencia estatal.
Para la directora del CNA, una política de seguridad efectiva también debe perseguir las finanzas ilícitas y desarticular las redes criminales transnacionales, en lugar de limitarse a aumentar las detenciones y las penas.
PROPONE FORTALECER LAS INSTITUCIONES Y COMBATIR LA IMPUNIDAD
Castellanos recordó que respetar los derechos fundamentales no significa favorecer a quienes cometen delitos, sino establecer límites al poder estatal que distinguen a una república democrática de un régimen autoritario.
Como alternativa, planteó fortalecer las instituciones públicas, garantizar fiscalías con capacidad técnica y consolidar una Policía Nacional civil y profesional. También destacó la necesidad de enfrentar problemas estructurales como la desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad.
La abogada insistió en que Honduras necesita construir una estrategia propia de seguridad, sin imitar de manera acrítica modelos extranjeros. A su juicio, una paz duradera no puede depender únicamente de cárceles de máxima seguridad ni de discursos que conviertan la lucha contra el crimen en una guerra permanente.
