Ni un año tiene la DAET y ya le encontraron agentes mañosos
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. – La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) realizaron la mañana de este martes un allanamiento e inspección en una casa de seguridad utilizada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en una reconocida residencial de San Pedro Sula, Cortés, para investigar la presunta retención irregular de drogas decomisadas en operativos anteriores, procedimiento en el que se reportó la presunta captura de dos agentes activos de esa unidad.
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó la intervención del Ministerio Público y explicó que el objetivo es determinar si existen indicios de que algunas sustancias decomisadas fueron manejadas de manera irregular por los agentes encargados de los procedimientos.
Según el funcionario, no se trataría de un cargamento de grandes dimensiones, sino de pequeñas cantidades de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas puntas de cocaína, pequeñas porciones de marihuana y bolsas con dosis que habrían sido retenidas tras abordajes a microdistribuidores.
Las autoridades buscan establecer cómo llegaron esas sustancias a la vivienda y por qué no habrían sido remitidas mediante los procedimientos legales correspondientes.
Velásquez señaló que los policías están obligados a poner cualquier sustancia decomisada a disposición del Ministerio Público, independientemente de que exista una persona detenida durante el operativo.
El procedimiento permite que las autoridades competentes realicen los peritajes necesarios para identificar las sustancias y documentar cada decomiso conforme a la ley.
El funcionario indicó que los agentes involucrados deberán explicar las circunstancias en que las sustancias permanecieron bajo su poder. Sin embargo, aclaró que todavía no puede determinarse con qué intención las habrían conservado.
ACCIONES LEGALES SI SE COMPRUEBAN IRREGULARIDADES
El titular de Seguridad aseguró que no tolerarán faltas ni delitos cometidos por miembros de la institución y advirtió que cualquier servidor público que infrinja la ley deberá responder ante la justicia.
La investigación busca esclarecer si hubo incumplimiento de los protocolos de manejo y custodia de evidencias, así como establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.
