“La mano dura” nos puede meter en pedos internacionales, dice CSJ
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que algunas reformas penales impulsadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para endurecer la lucha contra pandillas y carteles del narcotráfico podrían vulnerar derechos fundamentales y exponer a Honduras a demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En una opinión jurídica no vinculante, aprobada por 15 magistrados, el Poder Judicial respaldó el fortalecimiento de la seguridad, pero recomendó modificar varias disposiciones del paquete legislativo.
CUESTIONAN PRISIÓN PREVENTIVA OBLIGATORIA
La CSJ advirtió que imponer prisión preventiva automática a todos los procesados por asociación terrorista podría vulnerar la presunción de inocencia. Por ello, pidió que cada caso sea evaluado por un juez antes de restringir la libertad o trasladar a una persona a módulos de máxima seguridad.
PIDEN REVISAR LAS PENAS
Los magistrados consideraron desproporcionada la propuesta de castigar con ocho a diez años de prisión el delito de atentado cometido por integrantes de maras o estructuras criminales, y recomendaron reducir la pena a dos o cuatro años.
Para la tentativa de parricidio, cuando el delito consumado contemple prisión perpetua, sugirieron tomar como referencia 30 años de cárcel, en lugar de los 50 propuestos. No objetaron, en cambio, la prisión perpetua para quienes asesinen a policías o funcionarios de justicia durante el ejercicio de sus funciones.
TATUAJES NO BASTARÍAN COMO PRUEBA
La Corte también recomendó que los tatuajes, símbolos o marcas en la piel no sean la única prueba para acreditar la pertenencia a una asociación terrorista. Solicitó respaldar las acusaciones con investigaciones técnicas, como intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente y seguimientos en video.
Además, propuso permitir la libertad condicional cuando exista colaboración eficaz e instó al Congreso a aprobar la ley relacionada con esta figura.
La CSJ sostuvo que las reformas deben fortalecer el combate al crimen organizado sin ignorar las garantías constitucionales, pues su aprobación sin los ajustes señalados podría generar responsabilidad internacional para Honduras.
