¡Se viene el pij*so completo! Vuelve el impuesto al combustible
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La incertidumbre vuelve a encender las alarmas entre los consumidores hondureños luego de que este miércoles 4 de noviembre venciera el plazo inicial de 30 días de suspensión del 100 % del impuesto ACPV al diésel, una medida que buscaba evitar nuevos golpes al bolsillo de la población ante las constantes alzas internacionales del petróleo. Aunque el Gobierno mantiene congelado el precio del carburante hasta el 8 de noviembre, todavía preocupa qué ocurrirá después y cuánto podría costar mantener este alivio económico.
La suspensión del impuesto comenzó el pasado 5 de octubre, cuando el Gobierno anunció que absorbería los 12 lempiras por galón correspondientes al ACPV durante un período inicial de 30 días.
Sin embargo, aunque ese plazo ya venció, la nueva estructura de precios mantiene el diésel sin aumentos hasta el próximo domingo 8 de noviembre.
En Tegucigalpa, el galón continúa costando 153.53 lempiras, mientras que en San Pedro Sula se mantiene en 149.20 lempiras.
La preocupación radica en lo que sucederá cuando termine este nuevo período de precios, especialmente si el Gobierno decide dejar de absorber los incrementos internacionales y estos terminan trasladándose directamente a los consumidores.
GOBIERNO ASEGURA QUE SEGUIRÁ PROTEGIENDO EL BOLSILLO
El presidente de la Comisión de Hidrocarburos del Congreso Nacional, Eric Alvarado, aseguró que el alivio económico se extenderá mientras sea necesario y descartó nuevos aumentos en el precio del diésel durante el resto del año.
El congresista también señaló que el Gobierno ha destinado más de 1,550 millones de lempiras en subsidios temporales a los combustibles.
Por su parte, los reportes de la nueva estructura de precios indican que el apoyo acumulado para absorber los incrementos internacionales del diésel alcanza 44.06 lempiras por galón entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre.
Mientras tanto, miles de hondureños permanecen atentos a las próximas decisiones gubernamentales, pues cualquier incremento del diésel podría repercutir en el transporte, la distribución de alimentos, los servicios y el costo de vida.
La gran interrogante es qué pasará después del 8 de noviembre: ¿CONTINUARÁ EL GOBIERNO ABSORBIENDO LAS ALZAS O TERMINARÁN PAGANDO LA FACTURA LOS CONSUMIDORES HONDUREÑOS?
