¡Mucho ojo mis briagos! Empinar el codo les puede salir muy caro
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Hasta 10 años de prisión podrían enfrentar los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o las drogas si se aprueba una reforma al Código Penal presentada por el diputado liberal Alex Berríos, quien busca endurecer las sanciones sin necesidad de que los infractores provoquen accidentes o cobren vidas. La propuesta surge en medio de un preocupante incremento de la mortalidad vial, con 35 fallecidos más en 2026 respecto al mismo período del año anterior.
La iniciativa busca reformar el artículo 323 del Código Penal, que actualmente establece penas de seis meses a tres años para quienes conduzcan con temeridad manifiesta y pongan en peligro concreto la vida de otras personas.
El proyecto plantea que bastaría comprobar mediante un examen de Medicina Forense que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin necesidad de demostrar maniobras temerarias o peligro concreto.
El diputado propone las siguientes penas:
- Vehículos livianos: de dos a cinco años de prisión.
- Vehículos pesados: de cinco a diez años de cárcel.
La propuesta contempla una excepción para quienes consuman medicamentos bajo prescripción médica y puedan acreditar su tratamiento.
35 MUERTES MÁS EN LAS CARRETERAS
Las cifras presentadas durante el debate televisivo 30/30 reflejan 15,552 accidentes en 2025 y alrededor de 17,000 en 2026. Además, se contabilizan 35 fallecidos más en comparación con el mismo período del año anterior.
El subdirector nacional de Tránsito, Eduardo Lanza, cuestionó la efectividad de las multas actuales y respaldó medidas más severas.
«Ese sistema, esas multas administrativas han fracasado», expresó.
Por su parte, el jefe de Investigación de Accidentes de Tránsito, Darwin Hernández, explicó que los casos son remitidos al Ministerio Público y señaló que entre el 98 % y el 99 % de los procesos que conoce terminan como homicidio imprudente.
FAMILIARES DE VÍCTIMAS EXIGEN CERO TOLERANCIA
La presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, Ilce Zepeda, respaldó la iniciativa y recordó que las tragedias viales dejan familias destruidas y personas con discapacidad.
El abogado Gonzalo Sánchez también apoyó la reforma, aunque recomendó permitir que los hospitales públicos realicen pruebas de alcoholemia en lugares donde no exista Medicina Forense.
Finalmente, Berríos aseguró que ha presentado la propuesta ante autoridades del Congreso Nacional y representantes de distintas bancadas, quienes, según afirmó, expresaron su respaldo.
