Ya mero les cae en MP: Huele a movida sucia en Planificación Estratégica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un presunto perjuicio económico superior a los 1,000 millones de lempiras ha encendido las alarmas del Ministerio Público, que solicitó información sobre más de 18 personas vinculadas a la desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica, institución que operó durante el gobierno de Xiomara Castro, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos correspondientes a los años 2022, 2023 y 2025.
La información fue confirmada por el abogado Leonel Núñez, titular de la Comisión Liquidadora del Gobierno, quien explicó que las autoridades fiscales requieren documentación para rastrear el destino de los recursos y establecer posibles responsabilidades administrativas o penales.
MILLONARIOS PAGOS A EMPRESAS Y ASESORES EXTRANJEROS
Entre los movimientos financieros que despertaron cuestionamientos figura el desembolso de más de 50 millones de lempiras a una sola empresa venezolana durante 18 meses, además de pagos a asesores de nacionalidad cubana y venezolana.
Pero los gastos no terminan ahí. Según Núñez, durante 2025 se destinaron más de 20 millones de lempiras al alquiler de vehículos, además de importantes cantidades para alimentación, publicidad y servicios de transmisión.
Estas operaciones forman parte de los desembolsos que ahora están bajo revisión para determinar si los recursos públicos fueron utilizados conforme a la ley.
MÁS DE 18 PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN
Núñez confirmó que el Ministerio Público le solicitó información tanto a él como a otro excomisionado. Aseguró que ambos atendieron los requerimientos y que conserva documentación física y digitalizada de su gestión, disponible para los investigadores.
Asimismo, detalló que durante 2025 la institución administró más de 1,694 millones de lempiras, mientras el proceso administrativo de ese período se encuentra prácticamente cerrado.
Por ahora, las autoridades no han revelado los nombres de las personas bajo revisión ni han confirmado la presentación de requerimientos fiscales en su contra.








