Caso Chequesol: Acusados llegan a la Corte ante posible prisión preventiva
TEGUCIGALPA. Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles, los 12 imputados del caso “Chequesol” comenzaron a desfilar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde un juez natural definirá si el proceso toma un giro más severo o si, como en otros casos, se diluye entre tecnicismos.
La audiencia —reprogramada tras un aplazamiento previo— tiene como punto central la lectura de la resolución de la audiencia inicial, un momento clave que determinará si los acusados enfrentan prisión preventiva, continúan con medidas sustitutivas o incluso logran un sobreseimiento.
Entre los nombres que concentran la atención están la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, actualmente suspendida de su cargo, y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, ambos señalados junto a otras diez personas en una trama que suma 67 delitos de fraude relacionados con el presunto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales en Copán.
El Ministerio Público ha sido claro en su postura: busca endurecer las medidas y que los imputados pasen de arresto domiciliario a prisión preventiva, bajo el argumento de garantizar su comparecencia y evitar interferencias en el proceso. Una solicitud que, más allá de lo jurídico, pone a prueba la consistencia del discurso anticorrupción.
Del otro lado, las defensas insisten en mantener medidas distintas a la cárcel, en lo que parece una batalla predecible dentro de un sistema donde las decisiones suelen generar más dudas que certezas.
El caso no solo es voluminoso por el número de imputados, sino por su origen: la difusión de un video comprometedor en el que Cuéllar y Cardona admiten el uso de recursos públicos con fines vinculados a la campaña política del partido Libre. Un elemento que, lejos de ser menor, convirtió el expediente en un símbolo de las contradicciones entre discurso y práctica política.
Según las investigaciones, los fondos habrían sido desviados mediante estructuras irregulares, sin llegar a los beneficiarios finales. Es decir, dinero destinado a los sectores más vulnerables que terminó, presuntamente, alimentando intereses políticos.
La lista de imputados se completa con otros diez señalados, ampliando el alcance de una red que, según las autoridades, operó de manera sistemática.
