Jorge Cálix con las manos disque limpias lanza el dardo del referéndum
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El diputado liberal Jorge Cálix propuso reformar la Constitución para que los hondureños puedan retirar del cargo al presidente, alcaldes y diputados antes de finalizar su mandato, mediante un referéndum revocatorio. La iniciativa, presentada ante el Congreso Nacional, abre el debate sobre la rendición de cuentas de los funcionarios, pero también plantea una pregunta incómoda para una clase política marcada por controversias: ¿quién vigila a quienes exigen que otros rindan cuentas?
Cálix sostiene que la ciudadanía debe contar con herramientas para revocar el mandato de sus representantes cuando considere que ya no merecen continuar en el poder.
La propuesta contempla una reforma constitucional y una ley especial para establecer cómo funcionaría el mecanismo. Sin embargo, todavía es una iniciativa legislativa: los hondureños no pueden utilizar actualmente esta figura para destituir a sus gobernantes.
El planteamiento abre una discusión necesaria, aunque también deja una interrogante: ¿la exigencia de transparencia será igual para todos los partidos o dependerá de quién esté bajo la lupa?
YANI ROSENTHAL Y NASRALLA: DOS CASOS QUE EXIGEN PRECISIÓN
El debate sobre la responsabilidad política obliga a recordar antecedentes concretos de algunos liberales. Yani Rosenthal fue condenado en Estados Unidos en 2017 a 36 meses de prisión por lavado de dinero procedente del narcotráfico, tras declararse culpable de participar en transacciones con esos fondos.
Por otra parte, se han divulgado informaciones sobre una investigación relacionada con el financiamiento de la campaña de Salvador Nasralla, en la que se busca esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos. Nasralla ha rechazado señalamientos de irregularidades y el caso debe analizarse conforme a las pruebas y al debido proceso.
Ambos asuntos tienen situaciones jurídicas distintas, por lo que no deben presentarse como equivalentes. Sin embargo, recuerdan la importancia de exigir transparencia en el financiamiento político y responsabilidad ante la justicia, sin importar el partido o el dirigente involucrado.
¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE QUIEREN VIGILAR?
La iniciativa de Cálix se suma a otras propuestas de reforma electoral, como la segunda vuelta presidencial, la separación de elecciones y la reducción del número de diputados.
Pero el fondo del debate va más allá de las reformas: si los políticos quieren que la ciudadanía les pase factura por sus actuaciones, también deben aceptar que sus propios antecedentes, decisiones y recursos sean examinados.
Porque exigir cuentas al adversario es fácil; aceptar el mismo escrutinio cuando las preguntas apuntan hacia casa propia es otra historia.
