Johel Zelaya ya siente el pij*so y lanza una cortina de humo
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El exfiscal general Johel Zelaya, destituido en marzo de 2026 mediante un juicio político, exigió que se hagan públicas las investigaciones en su contra y las relacionadas con el caso 52 UFECIC, 002-2017, por presunto lavado de activos. Su reclamo de transparencia surge mientras el Ministerio Público investiga presuntos contratos irregulares vinculados con su administración, acusaciones que aún deben esclarecerse.
Ante las solicitudes de acciones penales promovidas por una diputada suplente contra él, Marlon Ochoa y Mario Morazán, el exfiscal aseguró que está dispuesto a defenderse y rechazó lo que considera una persecución política.
Sin embargo, su mensaje plantea una pregunta incómoda: ¿la transparencia que reclama también se traducirá en respuestas claras sobre su propia gestión?
En junio, el Ministerio Público inició diligencias por presuntos contratos irregulares y solicitó el análisis de comunicaciones telefónicas del exfuncionario. Zelaya negó irregularidades y defendió su administración.
Zelaya también exigió que se concluya conforme a derecho el caso 52 UFECIC, 002-2017, relacionado con presunto lavado de activos. Según afirmó, el expediente incluía supuestos vínculos de una diputada suplente con personas señaladas en casos de narcotráfico y otros delitos.
Esos señalamientos no constituyen pruebas de culpabilidad y deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.
LA TRANSPARENCIA DEBE SER PARA TODOS
El exfiscal autorizó que las investigaciones en su contra sean públicas y pidió a la diputada suplente que haga lo mismo.
Pero más allá de sus declaraciones, la exigencia es clara: si reclama transparencia para sus adversarios, también debe responder a los cuestionamientos sobre su propia gestión. La destitución mediante juicio político y las investigaciones posteriores no prueban por sí solas que haya cometido delitos, pero hacen indispensable que los hechos se aclaren con pruebas y sin privilegios.
La transparencia no se demuestra únicamente con desafíos públicos, sino con explicaciones verificables y respeto al debido proceso.
