Por m*je juez soltó a agentes corruptos y se ganó un clavo con CSJ
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó investigar de oficio al juez Marco Antonio Velasco Mejía, luego de que concediera el sobreseimiento definitivo a tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), acusados de tráfico ilícito de drogas agravado y delitos relacionados con armas y municiones, en un caso vinculado con un allanamiento en San Pedro Sula.
Los beneficiados son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayin Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista. Durante el operativo, las autoridades reportaron el hallazgo de 114 bolsitas de supuesta marihuana, 65 envoltorios de presunta cocaína y varias piedras de crack, además de municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales.
El juez declaró ilegal el allanamiento y determinó que las pruebas obtenidas carecían de validez, por lo que concedió el sobreseimiento definitivo a los tres policías.
Sin embargo, la Oficina de Supervisión de Tribunales investigará si hubo irregularidades durante la audiencia inicial. También se busca esclarecer las circunstancias de la resolución, sin dar por confirmadas posibles motivaciones políticas o vínculos partidarios que han sido mencionados en información no oficial.
El abogado defensor de los agentes es Ramón Barrios, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre). Cualquier supuesto vínculo político del juez deberá ser verificado por las autoridades competentes.
MINISTERIO PÚBLICO APELARÁ LA DECISIÓN
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) anunció que presentará un recurso de apelación para intentar revertir el sobreseimiento.
El Ministerio Público sostiene que el allanamiento se realizó con autorización judicial y dentro del horario permitido. Además, afirmó que presentó 24 medios de prueba, tres testigos y dictámenes periciales respaldados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
La Fiscalía tampoco descarta investigar la actuación del juez. Mientras tanto, la revisión judicial y las diligencias de supervisión deberán determinar si la resolución se ajustó a derecho.
