José Darío Cruz: Investíguenme y dejen de estar jod*endo de una vez
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El ministro José Darío Cruz salió al paso de las denuncias sobre supuestas irregularidades en el registro de plazas docentes y los puestos de sus hijos, rechazando los señalamientos y exigiendo que los organismos de investigación revisen hasta el último documento para determinar si existe alguna falta.
Con evidente molestia ante los cuestionamientos, Cruz aseguró que no tiene plazas duplicadas, sino una plaza integrada por dos estructuras presupuestarias que suman 36 horas, conforme al Estatuto del Docente. Afirmó que cuenta con diarios, registros e informes para demostrar que su situación laboral es legal.
Pero la controversia no termina ahí. El funcionario también defendió los puestos de sus tres hijos, quienes trabajan como docentes. Según explicó, ellos llevan alrededor de 15 años en el sistema educativo y consiguieron sus plazas mediante concursos, por lo que negó haber utilizado su cargo para favorecerlos o colocarlos en el sistema.
Cruz también respondió a los cuestionamientos relacionados con el Instituto Abraham Lincoln, donde anteriormente ocupó los cargos de director y secretario. Aseguró que no desempeñó ambas funciones de manera simultánea y explicó que, tras la disminución de la matrícula, varios docentes fueron trasladados a otros centros educativos, aunque todavía existen registros administrativos pendientes de regularización. Según indicó, 12 maestros continúan apareciendo vinculados al instituto, pese a que actualmente estarían asignados a otros centros.
Ante el escándalo, el ministro pidió la intervención del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y demás organismos competentes. Incluso lanzó un desafío: “Si yo he cometido una falta… que sean los órganos competentes”.
El funcionario recordó que apenas cumple su quinto día al frente de la Secretaría de Educación y pidió tiempo para demostrar cómo se encuentra su situación administrativa. Sin embargo, las explicaciones no apagan la polémica: ahora serán las autoridades correspondientes las que deberán verificar si los registros, nombramientos y pagos se ajustan a la ley.
LA PREGUNTA QUE QUEDA EN EL AIRE ES CONTUNDENTE: ¿SE TRATA DE SIMPLES IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS O HAY ALGO MÁS QUE DEBE SALIR A LA LUZ?
