Juzgado ordena investigar a agentes de la DIPAMPCO por tortura y manipulación de pruebas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Un caso que sacude los cimientos del sistema de seguridad en Honduras ha salido a la luz, luego de que un juzgado con jurisdicción nacional ordenara investigar a agentes de la DIPAMPCO por presuntos delitos de detención ilegal, tortura y siembra de pruebas contra una joven en el departamento de Santa Bárbara.
La afectada, identificada como Heydy Yosely Antonio Sánchez, denunció que fue capturada el pasado 28 de marzo mientras participaba en una jornada de ayuno y oración dentro de una iglesia en el municipio de San Francisco de Ojuera. Según su testimonio, agentes encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en el templo y la sacaron por la fuerza sin presentar orden de captura.
“Yo solo andaba mi Biblia”, relató la joven, quien asegura que fue introducida en un vehículo sin placas, iniciando un recorrido que describe como un verdadero calvario de abusos físicos y psicológicos.
DENUNCIAS GRAVES: TORTURA, AMENAZAS Y MANIPULACIÓN DE PRUEBAS
Durante el traslado, Sánchez afirma haber sido golpeada, insultada y asfixiada con una bolsa, además de ser llevada a zonas apartadas, presuntamente para evitar ser vista o grabada.
Uno de los elementos más delicados de la denuncia es la supuesta siembra de evidencia, ya que la joven asegura que fue obligada a tocar un paquete que —según ella— fue colocado por los propios agentes. “Me dijeron que si no lo hacía, matarían a mis hijos y a mi esposo”, declaró.
El relato también incluye amenazas directas contra su familia. “Me enseñaron fotos de mis hijos y dijeron que podían hacerles daño”, afirmó, evidenciando un patrón que podría constituir violaciones graves a los derechos humanos.
Además, denunció lesiones físicas, incluyendo la fractura de una muela tras una agresión, golpes en la cabeza con un arma y el supuesto robo de dinero en efectivo.
JUZGADO LA DECLARA INOCENTE Y ORDENA INVESTIGAR
Tras ser presentada ante los tribunales, el juzgado determinó que no existían pruebas en su contra, dictando sobreseimiento definitivo. La resolución judicial también señala que las evidencias presentadas por los agentes eran inconsistentes, lo que refuerza las denuncias de una posible manipulación.
Ante este escenario, el tribunal ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación formal contra los agentes involucrados, por delitos que podrían incluir abuso de autoridad, tortura y falsificación de pruebas.
UN CASO QUE PONE EN JAQUE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El caso ha generado preocupación en distintos sectores, ya que no solo expone posibles excesos en operativos contra el crimen organizado, sino que también abre el debate sobre los límites del poder policial y el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación, el caso de Sánchez podría convertirse en un precedente clave sobre la rendición de cuentas de los cuerpos de seguridad en Honduras.
“No entiendo por qué me hicieron esto”, expresó la joven, quien ahora exige justicia en un proceso que podría revelar fallas estructurales dentro del sistema de seguridad del país.
